Informe. Defensoría del Pueblo revela el lento progreso que ha alcanzado el proceso de formalización de la minería informal que tiene pendientes más de 58 mil solicitudes.
Cuando el economista Hernando de Soto dijo que el proceso de formalización de la minería solo había conseguido legalizar cinco concesiones, no estaba lejos de la realidad. Y es que pese a que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, rechazó esta cifra, lo cierto es que hasta abril de este año solo siete concesiones han concluido, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
La meta del Gobierno es concluir en el 2016 con la atención de las 58 mil 835 declaraciones de compromiso admitidas en las 25 regiones del país. Sin embargo, apenas hay 43 concesiones en la penúltima etapa a la formalización, que corresponde a la autorización del uso de agua.
«Esto solo se logrará cada vez que los gobiernos regionales funcionen. No hay manera de hacerlo solo con el esfuerzo nacional. Pero tampoco las regiones pueden actuar solas. Se requiere un esfuerzo conjunto», expresó Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente.
La región con más declaraciones de compromiso para formalización es Arequipa con 16 mil 642, seguida de Ayacucho con 11 mil 367. En esta última región, en el 2014, solo se destinó el 0.06% del presupuesto a su Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), oficina encargada de canalizar los procesos. Esta cifra se repite en varias regiones.
Recomendaciones
Ante la poca eficacia que ha mostrado el proceso de formalización de la minería, al menos en el plano cuantitativo, la Defensoría del Pueblo ha elaborado una serie de recomendaciones.
En ese sentido, invoca a los gobiernos regionales que prioricen la labor de sus DREM para acelerar las atenciones de las solicitudes de formalización. Pone énfasis en el aspecto presupuestal y logístico. Para esto en los próximos días la Defensoría se reunirá con las nuevas autoridades electas en todas las regiones, empezando por Madre de Dios, Arequipa, Puno, La Libertad e Ica.
Asimismo, exhorta a los ministerios involucrados en el proceso de formalización, como Ambiente, a elaborar un proyecto de remediación ambiental para las zonas impactadas por la minería ilegal.
También pide a la Comisión Multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encargada del proceso de formalización, velar por el cumplimiento de las metas previstas hasta el 2016. Esto teniendo en cuenta que más de uno de los pasos dentro del proceso ha tenido prórrogas desde que se inició en 2012.
Por último, la Defensoría del Pueblo solicita a la Fiscalía que elabore un protocolo para las interdicciones que se realizan a nivel nacional para frenar a la minería ilegal, sin opciones de formalización. Pide que se priorice en las zonas donde se generen daños significativos al medio ambiente.
Reportan escasa fiscalización
En relación con la labor de fiscalización que los gobiernos regionales deben hacer a la pequeña minería, la Defensoría del Pueblo entrega cifras alarmantes. En Madre de Dios, una de las más azotadas por esta actividad, no se reportó ningún cargo. Ucayali, Loreto, Lima provincias, Apurímac y Cusco no entregaron ningún tipo de información.
Además, reportó que hay poco personal para la tarea de fiscalización. Por ejemplo, en Arequipa, solo hay 24 funcionarios, es decir que cada uno debe atender 693 solicitudes.
Fuente: La República
