DIÁLOGO. Ejecutivo intentará apaciguar las aguas con comuneros en Las Bambas. Por la trocha de cinco metros de ancho que conecta la mina Las Bambas con la comunidad de Quehuira, en Apurímac, pasan al día más de 250 camiones. Esta vía es – según informa El Comercio – paso obligado de los enormes vehículos que llevan el mineral desde el yacimiento, a cuatro mil metros de altura, hasta el puerto de Matarani, en Arequipa. Desde allí, el cobre es embarcado a China.
Hace 10 días, esta trocha de 8 kilómetros de extensión fue bloqueada por 400 campesinos de Quehuira y de las comunidades vecinas de Allahua, Choquecca, Antuyo y Pumamarca. Tras un choque con la policía, que terminó en un incendio forestal, el sendero fue liberado. Recién ayer, tras un mejoramiento, la vía volvió a ser utilizada.
Los campesinos protestan por la utilización que les da Las Bambas a ese camino construido en lo que antes fueron terrenos comunales. “Nosotros cedimos ese espacio para que suba maquinaria y operarios, no para el tránsito de los camiones”, dice Raymundo Letona, representante de Quehuira. Él reconoce que el acuerdo con Las Bambas fue “verbal”.
La indignación se acrecentó cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones incluyó el camino que va a Las Bambas como parte del Sistema Nacional de Carreteras, el 24 de julio pasado. Los campesinos aseguran que esto no se les consultó y temen que Las Bambas ya no construya un ‘mineroducto’ para transportar material sin camiones.
Los pobladores denuncian que los camiones hacen bulla y que la polvareda afecta a sus animales y sembríos.
A través de un comunicado, MMG Las Bambas, el consorcio a cargo de la explotación, aseguró a El Comercio que la trocha por la que sacan sus minerales es “pública” y que toman medidas para reducir el impacto.
“Realizamos el riego de las vías para mitigar la polución”, dijo la compañía. Respecto a la construcción del ‘mineroducto’, respondió que por el momento está suspendida.
Diálogo desgastado
Para solucionar las discrepancias con las comunidades, la Presidencia del Consejo de Ministros instalará hoy una mesa de diálogo con autoridades locales. Esta es la cuarta mesa desde el inicio de operaciones de la mina, en julio, y la segunda desde que empezó este gobierno.
Los ánimos generales están desgastados, apunta Uriel Condori, teniente alcalde del distrito de Challhuahuacho. En su distrito ninguna calle está asfaltada. Solo hay una pequeña comisaría y un centro de salud.
Los distritos que rodean la mina Las Bambas están marcados por las protestas. En setiembre del año pasado, las manifestaciones llegaron a su punto más álgido con la muerte de cuatro comuneros. La zona fue declarada en estado de emergencia.
En abril de este año, varias comunidades acataron un paro indefinido tras acusar al gobierno de no participar en las mesas de diálogo. El Ejecutivo explicó entonces que no llegó a las reuniones por problemas en el aeropuerto de Cusco.
“Hay que tener cuidado de atribuirle responsabilidades a la mina que son de Estado. No es función de una empresa privada dar bienes básicos a una población”, sostiene Carlos Aramburú, experto en prevención de conflictos sociales de la Universidad Católica.
El viernes pasado el Gobierno Central se reunió con autoridades de Apurímac, estos acordaron comunicarse cada 20 días a fin de impulsar y destrabar los proyectos de inversión pública con los sectores competentes del Ejecutivo en esta región del sur del país. Con esto también se espera reducir el descontento en la población.
