MINERÍA.
¿Cuáles son los proyectos que están priorizando para el 2019?
Hace poco se anunció la inversión en la ampliación de Toromocho. Luego está Corani, que ya tiene todos sus permisos. Podría empezar desarrollo este año. Otro proyecto interesante es Pampa de Pongo, que requiere US$2,500 millones de inversión. También tenemos Zafranal de Teck y Haquira de Antares. Zafranal requiere una inversión de US$1,160 millones y en Haquira son US$2,800 millones. Esperamos anunciarlos el próximo año a más tardar
¿Serían sólo esos cinco?
Tía María también está maduro. Estamos viendo cómo fortalecer el trabajo con las poblaciones. Este año no creo que sea factible, pero tiene todo nuestro apoyo para que avance pronto.
¿Qué está haciendo el MEM para dinamizar el proyecto?
Queremos conocer cuáles son las labores sociales que está desarrollando Southern. Estamos cambiando lo que se ha hecho como ministerio para tener más presencia en las regiones, una comunicación más oficial y formal.
¿Qué acciones están realizando para mejorar la relación entre el Ejecutivo y las comunidades?
La idea es formar comités de gestión minero-energéticos con las direcciones regionales de energía y minas [DREM] de los gobiernos regionales. Así vamos a acercar al Estado a las zonas donde se desarrollan esas actividades. Lo primero que tenemos que hacer es establecer los puntos de contacto para poder ingresar como gobierno a ese espacio de comunicación con la población.
Desde hace cuatro meses está pendiente la elección del secretario del Fondo de Adelanto Social para que éste entre en funcionamiento. ¿A qué se debe la tardanza?
La valla que se ha puesto para ese secretario es bien alta. Se ha designado a Patricia Elliot [exdirectora ejecutiva del Fonafe] como la nueva secretaria.
¿Cómo y dónde se va a implementar?
Está en revisión. Finalmente es algo que tenemos que también definir con el secretario técnico. No olvidemos que no es solamente el sector de energía y minas. Hay que identificar los proyectos que estén listos.
Considerando los proyectos que ha mencionado antes, ¿no serían éstos Zafranal, Haquira o Tía María?
Así es. Ésa es la idea.
¿Cómo va a funcionar y qué rol va a tener la nueva dirección general de promoción minera?
Depende directamente del Viceministerio de Minas. Se ha designado como director a Jaime Gálvez [exdirector de articulación de presupuesto territorial del MEF]. Su rol es acompañar los procesos de inversión para que avancen de acuerdo a los plazos y condiciones que se establecen. También tiene el enfoque en sostenibilidad, por lo que supervisa la relación con las comunidades y poblaciones en torno al proyecto. Otra de las funciones que va a tener es el de promover el conocimiento en el sector y de salir a atraer inversiones de afuera, participando en eventos a nivel mundial.
¿Revisarán los compromisos privados entre comunidades y empresas?
Revisar compromisos entre la comunidad y la empresa no es nuestro rol. Haremos seguimiento a su cumplimiento. Uno de los motivos por los que hay conflictos es que no se cumplen. Hay empresas que han compartido esa información con el ministerio y esto se ha entregado a la oficina de gestión social.
Hay temor en el sector de que con el nuevo reglamento de organización y funciones del MEM haya injerencia del gobierno para guiar por dónde van esos compromisos…
Son las empresas las que toman la decisión de en qué términos quieren asumir compromisos de responsabilidad social. A los que son asumidos en los estudios de impacto ambiental sí se les tiene que exigir su cumplimiento.
¿Qué se ha hecho al momento para reducir la tramitología?
Hemos reunido la información que ya se ha trabajado en este tema. Queremos ver dónde están los cuellos de botella y duplicidad de trámites, sin bajar la valla de exigencia que se tiene.
¿La ventanilla única digital va en esa línea?
Ésta identificará en una plataforma todos los procesos que se tienen que cumplir para obtener permisos. El inversionista y las autoridades podrán hacer seguimiento a cada etapa del proceso: identificar en qué etapa está, dónde están las demoras, dónde se toman los mayores días. Eso nos va a dar la oportunidad de agilizar. Ya estamos trabajando en un dispositivo legal en el Congreso. Se implementaría alrededor del primer trimestre del 2019.
En cuanto a cuellos de botella, ¿ya se han ubicado dónde estarían y qué normativas podrían revisarse?
No pasa todo por la normativa. Hay normas que tenemos que ver cómo simplificar, pero hay una sobrecarga de expedientes que supervisan los evaluadores. Ahí hay cuellos de botella. Vamos a revisar la estructura de las direcciones del ministerio. Queremos entender si con la organización actual podemos hacer frente a nuestras necesidades. Estamos haciendo una consultoría para identificar oportunidades de mejora.
Hace poco fue retirado el director de formalización minera del MEM. ¿Cuál es el nuevo norte de cara a este tema?
Lo hemos replanteado. No tenía la esencia de insertar al pequeño minero en la economía. Se ha avanzado poco. Se está trabajando en una nueva ley general de formalización minera. Ya hay algunas iniciativas en el Congreso. Las estamos revisando y promoviendo una propuesta propia del Ejecutivo.
¿Cuál es la meta en formalización?
El equipo de la dirección está visitando distintas direcciones regionales de minería y levantando información para tener ese número. Esperamos tener una propuesta concreta en septiembre.
¿Cómo se va a diseñar y qué rol va a cumplir el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas?
Su finalidad es generar y compartir información del sector en cuidado ambiental, relacionamiento con las poblaciones, desarrollo para las regiones mineras. No había un espacio en donde el sector público —no sólo Energía y Minas— converja con las empresas mineras. Nos permitirá establecer estándares. Un paso inicial es construir una visión al 2030 de qué minería queremos tener.
Otro foco es alinear cómo se invierten los recursos que genera la minería, como el canon. Estamos trabajando en una iniciativa que analizaremos con los otros sectores del gobierno. Hoy cuando el canon llega a las regiones recién se toma la decisión de en qué invertirlo. Lo que tenemos que hacer es identificar con anticipación cuáles son las brechas.
¿Este centro lo lideraría el MEM?
Así es.
¿Cómo se va a mantener una visión a largo plazo si en este gobierno ha habido cuatro ministros de Energía y Minas?
La iniciativa la lidera el Presidente de la República. Él es quien ha tenido la primera reunión en la que se anunció la formación del centro. Participará en una siguiente reunión donde se definirá el proceso para construir esta visión transversal.
Mencionaba el tema del canon. ¿Qué tan efectiva será su ejecución si se le da voto a la comunidad, como se ha anunciado?
No hablamos de que vaya a gestionarlo exclusivamente la comunidad. Ya existe una institucionalidad para que participen comunidades, para identificar por procesos participativos qué proyectos se necesitan. La idea es que esa participación y esos proyectos estén alineados con una política de desarrollo nacional. La normativa del canon dice que el 30% de los fondos que se generan en esas localidades deben invertirse donde se genera el recurso, y no se está cumpliendo.
