Rechazaron iniciativas legislativas que proponen imponer “servidumbres” sobre concesiones vigentes a favor de terceros.
En el marco del debate sobre la ley MAPE y el proceso de formalización minera en el Perú, diversos especialistas han cuestionado con firmeza las propuestas orientadas a modificar el actual régimen de concesiones mineras, advirtiendo que ello podría poner en riesgo la seguridad jurídica, desalentar la inversión y afectar seriamente el desarrollo de la industria extractiva nacional.
Uno de los temas más controversiales ha sido el concepto de “concesiones ociosas”, promovido por sectores vinculados a la minería informal como argumento para solicitar que concesiones no activas retornen al Estado. Para el experto en temas mineros Iván Arenas, se trata de una narrativa equivocada. “El término concesión ociosa no existe como figura legal ni técnica. En minería, cada concesión responde a una lógica de exploración y planificación de largo plazo. Decir que una concesión está ‘muerta’ porque no produce de inmediato revela un desconocimiento profundo del funcionamiento de la industria”, afirmó.
Arenas explicó que sin procesos de exploración continua no es posible garantizar futuras operaciones. “Explorar no es opcional, es la base del desarrollo minero. Si no se explora hoy, no se produce mañana. Las grandes empresas invierten años en estudios geológicos y técnicos antes de poder operar”, sostuvo.
Sobre la propuesta de reducir el plazo de vigencia de las concesiones de 30 a 10 años, incluida en algunos borradores de la Ley MAPE, el especialista fue tajante: “Eso es inviable. Una medida así espantaría la inversión, quebraría la seguridad jurídica y pondría en jaque proyectos estratégicos que requieren planificación de décadas, no de años”.
A su turno, el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), Carlos Gálvez, reforzó esta posición al advertir que medidas como la caducidad anticipada o la redistribución de concesiones “inactivas” afectarían gravemente la estabilidad del sector. “Antamina empezó a producir 50 años después de su descubrimiento, Bayóvar demoró 80 años y Cerro Verde más de seis décadas. Si se hubiera aplicado una regla de caducidad a los 10 años, simplemente no existirían”, explicó.
Gálvez también aclaró que las concesiones están sujetas a obligaciones técnicas y económicas. “El titular debe pagar un derecho anual y cumplir con una producción mínima. Si no lo hace, enfrenta penalidades crecientes hasta que, al año 30, la concesión puede revertirse si no se ha cumplido con la ley. No se trata de tierras sin control o en abandono”, enfatizó.
Diferenciar informalidad de ilegalidad
Otro punto de coincidencia entre Arenas y Gálvez es la necesidad de establecer una clara diferenciación entre minería informal e ilegal. “No se trata de perseguir al pequeño minero que busca formalizarse. Pero quienes operan sin permisos, sin pagar impuestos ni respetar normas ambientales están cometiendo delitos”, subrayó el presidente de la SNMPE.
Gálvez también rechazó iniciativas legislativas que proponen imponer “servidumbres” sobre concesiones vigentes a favor de terceros. “Eso equivaldría a que el Estado permita que alguien use tu casa porque no estás en ella en ese momento. No es legal, ni justo, ni viable”.
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Formalización con acuerdos y diálogo
Ambos especialistas señalaron que existen caminos viables para la inclusión de la pequeña minería dentro del marco legal. Uno de los ejemplos destacados es el caso de Compañía Minera Poderosa, que ha suscrito más de 300 acuerdos de cesión con mineros artesanales, permitiendo su formalización progresiva. “Esto demuestra que sí hay voluntad de diálogo por parte de las grandes empresas. Pero no todos los titulares tienen la capacidad logística o legal de replicar este modelo”, aclaró Arenas.
Gálvez presentó tres propuestas concretas orientadas a integrar de manera responsable a la pequeña minería dentro del marco legal. En primer lugar, planteó promover la exploración minera desde las universidades públicas utilizando los fondos del canon minero, lo que permitiría impulsar emprendimientos sostenibles en zonas de libre disponibilidad. En segundo término, propuso reasignar las concesiones que hayan sido legalmente abandonadas por sus titulares, siempre respetando los derechos adquiridos y el debido proceso. Por último, destacó la importancia de fomentar contratos de cesión entre titulares de concesiones y mineros artesanales, como una vía efectiva y legal para avanzar en la formalización del sector.
“En minería no se puede hablar de ‘zonas grises’. Se cumple la ley o no se cumple. Y si queremos atraer inversiones y generar empleo, debemos fortalecer el marco jurídico, no debilitarlo”, concluyó Gálvez.
