Recordó que el Perú es y seguirá siendo un país minero, y que la viabilidad económica del país depende de la salud de este sector.
En una entrevista concedida a Rumbo Minero TV, el reconocido jurista e historiador, Fernán Altuve, advirtió sobre la urgencia de repensar el marco legal de la minería en el Perú. Según sostuvo, el país atraviesa un cambio estructural profundo en su sector minero, sin que exista aún una respuesta coherente desde el Estado ni desde los actores políticos y económicos para afrontar esta transformación.
“El Perú necesita un código de minería, una legislación integral que no sea una suma de normas parche, sino un sistema claro que permita simplificar y promover la formalidad”, expresó Altuve.
Criticó con firmeza la excesiva burocracia y el enfoque punitivo que enfrentan los mineros formales, a quienes se les exige cumplir con requisitos desproporcionados, generando desincentivos para operar dentro de la legalidad.
Durante su participación, Altuve hizo hincapié en que el actual entorno normativo favorece la proliferación de regímenes especiales y medidas excepcionales, en lugar de solucionar los problemas estructurales. “Cuando el régimen general es malo para todos, se crean normas especiales para sostener una paz social aparente. El costo de esa improvisación lo paga el país entero”, señaló.
El analista también cuestionó el papel de instituciones de generar un exceso de regulaciones que terminan por asfixiar al sector formal. “No se protege al medio ambiente ni a las comunidades. Se protege a una red de consultores que lucran con la tramitología”, afirmó. Para Altuve, el sistema actual no promueve la sostenibilidad ni la equidad, sino que alimenta un círculo vicioso de informalidad y corrupción.
En esa línea, subrayó que la informalidad no es una elección feliz, sino una salida obligada frente a la falta de incentivos reales para ser formal. “La formalidad debe ser un premio, no un castigo. Hoy, el que decide formalizarse se ve abrumado por decenas de exigencias estatales. Así no se construye una minería sostenible”, advirtió.
Insistió en que el nuevo marco normativo debe simplificar procesos y garantizar estabilidad jurídica para todos los actores, especialmente para quienes deciden hacer las cosas bien.
Finalmente, recordó que el Perú es y seguirá siendo un país minero, y que la viabilidad económica del país depende de la salud de este sector. “Si la minería no funciona, el Perú no funciona. Esa es la verdad que debe guiar cualquier reforma legislativa en este ámbito”, concluyó.
