Advirtió sobre una narrativa ideológica que, desde su punto de vista, ha socavado la legitimidad de la minería formal en el Perú.
En entrevista para Rumbo Minero TV, el abogado penalista Humberto Abanto cuestionó duramente la estrategia del Gobierno frente a la minería ilegal, calificándola como «una amputación» en lugar de una intervención quirúrgica basada en inteligencia operativa. Según el letrado, la actual política de cerrar actividades económicas en zonas con presencia de minería informal equivale a destruir los mecanismos de defensa del Estado, debilitando a las fuerzas del orden y dejando a la población desprotegida.
«Se ha querido reemplazar el trabajo de inteligencia criminal con decisiones brutales, como suspender toda actividad económica», denunció Abanto. A su juicio, esto refleja una política sin estrategia de largo plazo, que no distingue entre minería informal y criminalidad organizada, afectando tanto a la economía como a la seguridad. Para ilustrar el impacto, afirmó: «Lo que han hecho es inocularle al Estado peruano el virus del SIDA, que destruye el sistema inmunológico; así, ni policías ni militares quieren intervenir por temor a ser procesados», refirió.
El abogado también hizo un llamado de atención sobre la necesidad de garantizar el debido proceso administrativo en el tratamiento de los reintegros mineros (REINFO), señalando que «no todas las suspensiones obedecen a las mismas causas» y que el Estado no puede aplicar medidas generalizadas sin discriminar entre casos.
En el plano económico, Abanto advirtió sobre una narrativa ideológica que, desde su punto de vista, ha socavado la legitimidad de la minería formal en el Perú. «La izquierda marxista entendió que la minería es el motor del modelo económico y lanzó el eslogan absurdo ‘Agua sí, oro no’, generando un discurso antiminero que ha calado profundamente», comentó. Añadió que, aunque los ingresos mineros han crecido por el alza de precios, los volúmenes de exportación han disminuido, lo que revela un proceso de asfixia a la actividad minera.
Frente a este panorama, Abanto propuso integrar a los mineros informales como parte de la solución, en lugar de criminalizarlos. «Si jalamos hacia acá a los informales, la ilegalidad será un problema más manejable», sostuvo. Advirtió, sin embargo, que los verdaderos ilegales disfrazados de informales intentarán infiltrarse en la política, por lo que pidió vigilancia institucional sin caer en exclusiones generalizadas.
Finalmente, el penalista alertó sobre un posible escenario de crisis institucional hacia 2028, señalando que el país opera de facto como una república parlamentaria informal. En ese sentido, sugirió una reforma constitucional que reconozca esa realidad y evite nuevos colapsos políticos que, según dijo, “sacuden el aparato del Estado y golpean duramente a la economía nacional, incluida la minería”.
