Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), advirtió que el monto actual podría ser incluso mayor al reportado oficialmente.
Entre 2022 y 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que la minería ilegal en el Perú movilizó aproximadamente US$ 2,248 millones, reveló el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, durante su presentación ante el Congreso por el voto de confianza. Esta cifra representa el 80% del total de movimientos financieros sospechosos por US$ 2,804 millones identificados en ese periodo.
La UIF elaboró 161 informes en los que se detallan operaciones financieras posiblemente vinculadas a esta actividad ilícita. El fenómeno no es nuevo: entre 2012 y 2022, la entidad ya había registrado 3,905 reportes de operaciones sospechosas relacionadas a la minería ilegal por un valor acumulado de US$ 18,478 millones.
Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), advirtió que el monto actual podría ser incluso mayor al reportado oficialmente, dado que la minería ilegal no solo involucra oro, sino también otros minerales como el cobre. “Al ser una actividad ilícita y no bancarizada, es difícil tener un registro preciso”, explicó.
Ortiz señaló la necesidad urgente de reformar el marco legal, permitiendo operar únicamente a pequeños mineros que cuenten con títulos habilitantes, como concesiones o contratos de explotación, así como planes de manejo ambiental y cumplimiento de normas laborales. Esto contribuiría a combatir la informalidad y reducir el impacto del crimen organizado vinculado al sector.
Finalmente, advirtió que el actual esquema de venta libre de explosivos, insumos fiscalizados, invasiones de concesiones y comercialización sin control del mineral ilegal, solo perpetúa el crecimiento de esta actividad delictiva. El fortalecimiento del control estatal y la formalización minera son claves para revertir esta situación.
