Para la vicepresidenta de la SNMPE, Magaly Bardales, prohibir la tercerización laboral solo va a generar una mayor informalidad.
En las últimas dos décadas, en el Perú se han desarrollado 20 proyectos mineros que han representado una inversión conjunta por casi US$ 60,000 millones.
Así declaró la vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Magaly Bardales, en Rumbo Minero TV.
Sin embargo, la representante del gremio minero energético alertó de un retroceso de las inversiones en el sector minero.
“Si comparamos las inversiones entre el 2011 y 2015 con el 2016 y 2020 vemos una reducción de alrededor del 40%”, explicó.
En ese sentido, detalló que en el primer periodo las inversiones fueron por US$ 37,000 millones; mientras que en el segundo periodo llegaron a US$ 22,000 millones.
Magaly Bardales también resaltó una reducción del 50% en las inversiones en exploración minera entre el 2011 y 2015 con el 2016 y 2020.
“En el primer periodo, las inversiones en exploración minera fueron por US$ 3,700 millones y en el último periodo hasta el 2021 fueron por US$ 1,800 millones”, informó.
Asimismo, recordó que, de acuerdo con el Ingemmet, de 1,000 depósitos con minerales solo 1 se convierte en operación minera.
“Tenemos que seguir haciendo exploración sino el futuro del desarrollo minero está comprometido”, advirtió Magaly Bardales.
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Tercerización laboral
En Rumbo Minero TV otro tema analizado por la vicepresidenta de la SNMPE fue el decreto supremo que prohíbe la tercerización laboral.
“Desde nuestro punto de vista es una norma ilegal porque contraviene a una norma de mayor rango como es la Ley General de Minería, la cual establece expresamente que las mineras puedan contratar empresas especializadas en toda la cadena de producción”, expuso.
“Además, eliminar la tercerización lo que va a generar es una mayor informalidad”, añadió.
De igual modo, reveló que las mineras han iniciado acciones de amparo contra el decreto supremo aprobado por la exministra de Trabajo, Betssy Chávez.
“Recientemente se acaba de dictar una medida cautelar por parte del Indecopi y también una medida cautelar en el Poder Judicial”, compartió.
Conflictividad social
Por otro lado, para Magaly Bardales la protesta social es válida y es muy importante promover el diálogo entre las empresas y las comunidades.
No obstante, cuestionó que en el último año el Estado se ha caracterizado por la inacción en resolver los conflictos sociales contra la industria minera formal.
“Cuando hay acciones delictivas, el Estado tiene que actuar y lamentablemente en los últimos tiempos y particularmente en el último año hemos visto una inacción completa por parte del Estado en el cumplimiento de su rol”, puntualizó.
