«Podría decirse que esta no es una mala coyuntura más, sino el reflejo de una crisis estatal – nacional, determinada no solo por la inoperancia de un Estado, sino por otros factores históricos como el centralismo o la corrupción», dijo.
Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, lamentó que se haya iniciado este nuevo año 2023 «atravesando uno de los contextos más difíciles y más álgidos que hemos enfrentado los peruanos en los últimos tiempos, con una crisis generalizada y sin visos de salidas claras hasta el momento».
«Un año donde el objetivo de nuestra industria minera debería ser destrabar inversiones e incrementar su producción para aportar al crecimiento económico, se mantiene aún en incertidumbre debido a la convulsión social», dijo.
En medio de este escenario, el gobierno anunció la viabilización de un conjunto de proyectos mineros de nuestro portafolio (USD 53 mil millones), entre ellos Corani (Puno) y Magistral (Áncash), inversiones que necesitamos con urgencia, así como el adelanto de obras para evitar la paralización de los emprendimientos mineros por las protestas.
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Del mismo modo, la empresa Jhinzao Mining recientemente informó su intención de poner en marcha el proyecto Pampa de Pongo (USD 2,100 millones) para el 2026, así como la infraestructura necesaria para la exportación de hierro y otros minerales.
Pampa de Pongo es un proyecto minero del que se espera su construcción desde hace varios años atrás, y cuyo desarrollo va a dinamizar no solo la economía del distrito de Bella Unión, en la provincia de Caravelí, sino también a la región Arequipa.
Esta semana también se anunció la construcción del Nuevo Muelle de San Nicolás de Shougang Hierro Perú, que recibió la luz verde de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Este muelle, en Ica, permitirá atender el atraque de naves en ambos lados, con una capacidad de 300 mil y 200 mil toneladas, respectivamente.
Contexto de conflictividad
Sin embargo, así como hay noticias alentadoras también está la otra cara de la moneda, con los bloqueos suscitados en distintos lugares del país, entre estos el Corredor Minero del Sur, por donde sacan sus concentrados empresas como Las Bambas, Antapaccay o Hudbay, en el marco de un escenario nacional polarizado, que grafica claramente una fractura social.
«Podría decirse que esta no es una mala coyuntura más, sino el reflejo de una crisis estatal – nacional, determinada no solo por la inoperancia de un Estado, sino por otros factores históricos como el centralismo o la corrupción, y también de esa falta de sentido de fraternidad, que requiere toda nación para consolidarse», señaló.
Y esto se evidencia no solo en diversos análisis de especialistas de las ciencias sociales, sino también en el reciente Reporte de Riesgo Global 2023 elaborado por el Foro Económico Mundial, que por segundo año consecutivo considera al «colapso del Estado», como el principal riesgo que afronta el Perú para los próximos dos años.
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Según esta entidad, el colapso de un Estado es considerado como la inestabilidad severa de una nación, lo cual se genera por la erosión de las instituciones y del estado de derecho, disturbios civiles internos y golpes militares, o los efectos de una inestabilidad regional o global severa.
«Bajo este difícil panorama, el camino que debe seguir el país es primero restablecer el diálogo constructivo entre los distintos actores sociales, y promover soluciones reales a través del Acuerdo Nacional, y generar un consenso democrático», manifestó.
Ortiz finalizó: «Como ciudadanos peruanos debemos asumir la responsabilidad histórica de repensar, reconstruir y modernizar el Estado peruano, pero sobre todo defender la democracia y la gobernabilidad democrática. La conflictividad social no permite ni permitirá poner en marcha los planes de corto, mediano ni largo plazo, ni de nuestra industria minera -que tiene una excelente oportunidad con la demanda de metales como el cobre a nivel mundial- ni del país».
