Según constató Perú21 en campo, mineros informales vienen operando en la zona desde hace más de una década, amparados por el Reinfo.
Una reciente investigación del diario Perú21 ha revelado que la reducción del polígono arqueológico en la región de Nazca —formalizada por el Ministerio de Cultura el pasado 28 de mayo— ha dejado sin protección a valiosos vestigios preíncas y ha facilitado el avance de la minería informal en zonas de alta sensibilidad patrimonial.
Aunque el Ministerio aseguró que las Líneas de Nazca, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1994, no se encuentran en riesgo, especialistas advierten que otras figuras menos conocidas pero igual de importantes han quedado expuestas a la depredación. Según constató Perú21 en campo, mineros informales vienen operando en la zona desde hace más de una década, amparados por el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Tras la reducción del área protegida de 5,600 a 3,200 kilómetros cuadrados, en solo cinco días se registraron más de 60 solicitudes de concesiones mineras ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). Al tratarse de terrenos que ya no forman parte del polígono, los solicitantes están exentos de presentar el Plan de Evaluación Arqueológica (PEA), instrumento técnico que certifica la inexistencia de restos patrimoniales.
La arqueóloga Corina La Torre cuestionó la resolución por prescindir del trabajo de campo arqueológico previo. “El arqueólogo no es de oficina. La tecnología aérea no reemplaza las constataciones físicas que permiten detectar entierros o cerámica”, señaló a Perú21.
El informe técnico que sustentó la reducción fue elaborado en menos de un mes por ocho funcionarios del Ministerio. Fue impulsado por Johny Isla, exdirector de Cultura en Ica, actualmente investigado por abuso de autoridad. Entre los funcionarios también figura Jeanette Gutiérrez, hermana de un solicitante de concesión minera en la misma zona liberada.
El proceso completo, desde la reunión inicial hasta la emisión de la resolución, se desarrolló en poco más de un mes. Fuentes internas del Ministerio señalaron que la medida se manejó con total hermetismo, incluso dentro de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica.
El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, deberá responder en el Congreso por estos hechos. La medida ha sido duramente cuestionada por expertos y organizaciones de defensa del patrimonio, quienes consideran que se ha favorecido a la minería informal en perjuicio del legado arqueológico del país.
