La sensación de impunidad sobre dirigentes de Islay que promovieron la violencia en las protestas contra el proyecto minero Tía María, debe desaparecer, dijo el titular del Ministerio de Justicia (Minjus), Gustavo Adrianzén, al lamentar que no se le haya revocado la prisión suspendida a personas como Pepe Julio Gutiérrez.
«No podemos permitir que los que han cometido delitos, que no han respetado las reglas de conducta y han reiterado sus actitudes violentitas permanezcan en las calles (…) Por eso he calificado de inverosímil la decisión de la magistrada (sobre Gutiérrez)», indicó.
«Acá hay un hecho cierto, de público conocimiento, que esta persona ha dirigido las hordas, la violencia que condujo a la muerte de tres personas (…) Es un reincidente violentista y agitador, tuvo que revocársele la prisión suspendida «, añadió.
Para el ministro, si procedía la prisión efectiva hubiera sido un síntoma de que no hay impunidad, que nadie tiene corona y que ante un delito se debe ir a prisión.
Adrianzén recordó que Pepe Julio Gutiérrez y otros dirigentes fueron condenados en el pasado a cuatros años de prisión suspendida por actos de violencia similares, y estaban sometidos a reglas de conducta que no debían quebrantar pero lo hicieron.
«Correspondía que la jueza, conocido los hechos, revoque la condena (suspendida)», insistió al cuestionar que la magistrada argumentó que para que ello proceda primero debían «apercibir o notificar» a los involucrados para que sigan una buena conducta.
Por ello, recordó el titular de Justicia, la decisión ha sido apelada. «Acá hay un tema de leyes pero también un tema de principios», manifestó en RPP.
Refirió, además, que el alcalde del distrito de Dean Valdivia, en Islay, tiene una condena firme por delito doloso y se tendría que iniciar el trámite ante el Jurado Nacional de Elecciones para que se declare su vacancia.
El ministro dijo que a la fecha hay 38 denunciados debidamente identificados y aclaró que se cree en una protesta responsable y pacífica pero no en aquella que incurre en la violencia, como lo que ha ocurrido en dicha localidad.
Según estimó, en Islay «no todos están a favor ni todos están en contra» del proyecto Tía María, y remarcó que hay un segmento que se encuentra dispuesto a sentarse a dialogar y escuchar las razones de por qué esta iniciativa es viable.
Bajo ese contexto, sostuvo que las posiciones extremas e intolerantes deben quedar de lado y dar paso a quienes desean conversar. «Arequipa no merece más violencia», afirmó tras señalar que esperan la participación de los colectivos y autoridades regionales como la gobernadora Yamila Osorio.
En adelante, durante los 60 días de pausa del proyecto, corresponde desplegar un trabajo comunicativo más intenso desde la empresa minera (Southern Perú) y el Ejecutivo para explicar todo lo que implica Tía María, refirió Adrianzén.
Fuente: Andina
