En medio de una creciente expectativa, la Comisión de Energía y Minas del Congreso, presidida por el legislador Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial, alista la presentación de un nuevo texto para la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Aunque el borrador aún no se ha oficializado, su contenido preliminar, al que tuvo acceso Diario El Comercio, ha encendido las alarmas entre expertos y gremios, que advierten que el enfoque actual podría perpetuar la informalidad y la ilegalidad en el sector.
El documento en construcción se perfila como una versión sustitutoria del proyecto que el Ejecutivo presentó en noviembre de 2024 (PL N.º 9555-2024), justo cuando vencía la última ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). A pocas semanas de que dicho registro expire nuevamente, el nuevo texto aún está siendo debatido en mesas de trabajo, lo que retrasa el inicio del debate formal en el Pleno.
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Una de las críticas más contundentes proviene de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que en un pronunciamiento institucional dirigido al presidente de la comisión parlamentaria advirtió que la nueva fórmula legal desvirtúa por completo el objetivo original de establecer un marco normativo sólido para la pequeña minería formal. Según el documento, el texto preliminar más bien legitima actividades informales e incluso ilegales.
Especialistas en el tema, como Iván Arenas, han señalado que la redefinición del concepto de “minería informal” propuesta en este nuevo marco normativo de la Ley MAPE podría abrir la puerta a una reinterpretación del Reinfo. Arenas explicó que se corre el riesgo de incluir como “informales” a quienes no están registrados y no han iniciado ningún proceso legal, lo que equivaldría a una reapertura encubierta del registro o, peor aún, a una normalización de la minería ilegal bajo una nueva etiqueta.
César Ipenza, abogado especializado en derecho ambiental, también cuestionó duramente el enfoque del texto de la nueva Ley MAPE, al que calificó como un “copiar y pegar” de propuestas anteriores, con elementos que parecen introducidos sin transparencia. A su juicio, el documento favorece una flexibilización excesiva de una actividad de alto riesgo ambiental y social.
