La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que la decisión del Gobierno de suspender todas las actividades mineras formales e informales durante 30 días en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba (La Libertad), tendrá un severo impacto económico, laboral y operativo para la región y el país.
Consecuencias económicas:
Según el gremio, solo en concepto de canon y regalías mineras, la región La Libertad dejaría de percibir más de S/ 25 millones mensuales debido a la paralización. Además, a nivel nacional, el Perú dejaría de recibir más de US$ 80 millones al mes en exportaciones de oro, considerando que La Libertad aporta el 33 % de la producción aurífera nacional. Esta medida, aseguran, afecta directamente a las comunidades que dependen de las operaciones formales y que ya vienen siendo perjudicadas por el avance de la minería ilegal.
Consecuencias laborales:
La suspensión compromete más de 4,000 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a las operaciones legales en la zona. Las empresas podrían verse obligadas a invocar la suspensión perfecta de labores, dejando a sus trabajadores sin remuneración y generando un efecto en cadena que afectaría a contratistas, pequeños negocios locales y comunidades vecinas.
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Riesgos operativos y ambientales:
También se alertó que detener abruptamente una unidad minera formal puede poner en riesgo su infraestructura básica. Sin tareas de monitoreo y mantenimiento, las presas de relaves —que deben supervisarse las 24 horas— podrían colapsar. También se elevan los riesgos de inundaciones o acumulación de gases tóxicos, si no se permite el ingreso del personal técnico responsable de los sistemas de bombeo y ventilación.
La medida, sostienen, debilita la estabilidad jurídica del país, desalienta nuevas inversiones y deja el terreno libre para que mafias criminales vinculadas a la minería ilegal tomen el control de las instalaciones formales que hoy están bajo amenaza.
