El presidente del gremio, Víctor Gobitz, indicó que esta iniciativa sería dependiente de la PCM y evitaría la duplicidad de opiniones y rotación de funcionarios en entidades vinculadas a la evaluación ambiental de proyectos de inversión privada.
En la Cartera de Proyectos de Inversión Minera, del Ministerio de Energía y Minas (Minem), destacan 15 proyectos de ampliación de producción, zonas de minado y vida de mina por US$ 12,110 millones, en diferentes fases de avance. De ellos, dos acaban de culminarse (Ampliación Santa María y Ampliación Shouxin).
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz, señaló, en diálogo con Gestión, que la ejecución de las expansiones más tangibles y la operación a plena capacidad de las actuales minas aportarían cerca de 300,000 toneladas de cobre al año.
“Eso es casi un Quellaveco más. Podríamos estar en torno a las 2.8 millones de toneladas de cobre por año como país”, comentó, tras mencionar que la paz social es clave para incorporar ese volumen.
Si bien las extensiones de vida de mina no implican necesariamente un aumento de producción, el portavoz gremial destacó que mantener operaciones en actividad por más tiempo también tienen un impacto positivo: solo para su sostenimiento, las minas actuales demandan un capital anual de hasta US$ 4,000 millones.
Permisos
La aprobación de las ampliaciones por el Estado, sin embargo, no avanza al ritmo esperado.
A mediados de abril, Antamina cambió su expectativa de recibir el permiso para la iniciativa Reposición Antamina para fines del 2023, cuando esperaba la luz verde en ese mes.
Por su parte, Hochschild hizo lo propio con el proyecto Reposición Inmaculada.
En su momento, esta minera confiaba en tener la aprobación en el primer trimestre del 2023 y la proyección luego apuntó al segundo trimestre.
Por su parte, el gerente general de Cía. Minera Poderosa, Marcelo Santillana, reconoció que los trámites para ejecutar la Ampliación Santa María tomaron más tiempo de lo proyectado.
Tiempos para aprobación de un MEIA
Consultado por el tiempo que demora el desarrollo y aprobación de una Modificación de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que suele requerirse para las ampliaciones mineras, Gobitz refirió que todo el proceso puede tomar entre cuatro y cinco años. Así, aun cuando las empresas ya tienen información y experiencia en la zona, el trámite no es tan sencillo.
“Las ampliaciones están tomando tanto tiempo como un ‘greenfield’, ese es el drama del país”, lamentó, tras afirmar que el propio Estado incumple los plazos establecidos para la etapa de observaciones (un año, pero finalmente puede llegar a dos).
Para Gobitz, el origen del problema está en la duplicidad y superposición de opiniones en la evaluación. Si bien los expedientes son presentados al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), también participan con revisiones vinculantes.
“Terminamos respondiendo 500 ó 600 preguntas, en dos, tres o cuatro rondas. Ahí corren los plazos”, remarcó.
Sobre el marco normativo, el MEIA de Antamina toma 19 leyes, reglamentos y otras normas en tres ámbitos.
“Gran autoridad ambiental”
Si bien el Minem anunció a inicios de abril que reduciría de dos años a seis meses el tiempo de aprobación de algunos permisos, Gobitz lamentó que la situación no habría cambiado notablemente.
“Lo hemos dicho, hay mesas ejecutivas, nos sentamos y podemos destrabar cosas menores, pero la licencia ambiental no depende del Minem. Una parte la ve el Senace, adscrito al Ministerio del Ambiente y otras las ven entidades que dependen del Midagri. Esa dispersión hace daño. Las buenas intenciones no bastan”, expresó.
En esa situación, consideró que la duplicidad de opiniones y la rotación de funcionarios en entidades vinculadas a la evaluación ambiental de proyectos de inversión privada podrían superarse con la creación de una “gran autoridad ambiental”, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
“Tendría una mirada más holística de los proyectos y podría priorizar los recursos que hay que asignarle a la evaluación ambiental de los MEIAs. Hoy no existe esa priorización o simplificación”, ANOTÓ.
Añadió que la creación de una entidad de esa envergadura no significaría reducir los estándares ambientales, sino simplificar su evaluación.
