Uno de los puntos más polémicos del predictamen es la creación del Registro Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (RENAPMA), que reemplazaría al actual REINFO, originalmente pensado como un mecanismo transitorio.
En medio de cuestionamientos por la falta de debate técnico y la velocidad inusual del proceso legislativo, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República se prepara para discutir esta tarde un predictamen que podría transformar el marco legal de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE) en el país.
Presentado como una medida para impulsar la formalización del sector, el nuevo texto legislativo ha generado fuertes críticas por parte de diversos actores, incluido el gremio empresarial minero. Para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el proyecto representa un retroceso peligroso que puede institucionalizar prácticas informales, debilitar los estándares ambientales y laborales, y abrir espacio para actividades ilegales.
Registro sin filtros técnicos ni ambientales
Uno de los puntos más polémicos del predictamen es la creación del Registro Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (RENAPMA), que reemplazaría al actual REINFO, originalmente pensado como un mecanismo transitorio. Según especialistas del sector, esta nueva figura permitiría una inscripción casi automática –solo con RUC y coordenadas GPS– sin requerimientos técnicos ni ambientales claros.
La SNMPE ha expresado que esta propuesta abre la puerta a una «formalización indefinida» de operaciones que, en muchos casos, no cumplen con los estándares básicos de seguridad, sostenibilidad ni legalidad.
Beneficios tributarios sin precedentes y nuevas definiciones
El predictamen también incluye beneficios tributarios excepcionales, incluso más favorables que los otorgados a microempresas urbanas formales. Además, contempla acceso a servicios financieros respaldados por el Estado. Para el gremio minero, esto distorsiona el principio de equidad tributaria y convierte al Estado en garante de actividades privadas de alto riesgo.
A esto se suma una redefinición de las escalas de producción que difumina los límites entre minería artesanal y de mayor escala, lo que dificultaría la fiscalización de operaciones encubiertas con impactos significativos.
Riesgos ambientales y de seguridad pública
El borrador legislativo también plantea cambios en los requisitos para los estudios de impacto ambiental, permitiendo que estos sean elaborados sin la intervención de consultoras certificadas. Otro punto crítico es la flexibilización en el control del uso de explosivos, lo que, según la SNMPE, representa un riesgo serio en un país donde estos materiales han estado vinculados a conflictos sociales y actividades ilícitas.
Posible legalización de invasiones mineras
Una de las disposiciones más controvertidas es el uso de la figura de la servidumbre minera, que permitiría a operadores informales trabajar en concesiones ajenas sin necesidad de contar con la autorización del titular. Desde el gremio minero, se advierte que esto podría legalizar invasiones, en abierta contradicción con la Constitución, y generar nuevos conflictos sociales en zonas ya vulnerables.
Llamado a un debate técnico y transparente
La presidenta de la SNMPE, Julia Torreblanca, ha solicitado que el predictamen no se apruebe bajo presión ni en un contexto de debate limitado. Propone que el tema se traslade a la próxima legislatura y se analice en una comisión técnica e imparcial. “Esta no es solo una decisión legislativa; es una decisión que puede afectar profundamente el orden legal, la paz social y el futuro ambiental del país”, advirtió.
Con la minería representando más del 60% de las exportaciones nacionales, diversos sectores coinciden en que cualquier reforma legal debe estar sustentada en evidencia técnica, transparencia y una visión clara de sostenibilidad. Aprobar un marco normativo de tal impacto sin estos elementos, alertan los expertos, podría convertirse en una bomba de tiempo para el Estado peruano.
