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Unos 70,000 empleos en riesgo con Ley de Tercerización Laboral

Así estimó la Asociación de Contratistas Mineros del Perú (Acomipe) y anunció que se ha presentado un recurso contra decreto para la tercerización laboral.

Para la Asociación de Contratistas Mineros del Perú (Acomipe) el decreto promulgado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para la tercerización laboral terminará perjudicando la generación de empleo.

Carlos Bernal, gerente general de Acomipe, afirmó que la aplicación de este decreto se estima la pérdida de unos 70,000 puestos de trabajo.

“Inmediatamente aplicada la norma se perderían cerca de 70,000 puestos de trabajo, porque las empresas contratistas aglutinan a cerca de 180,000 trabajadores de la industria minera”, declaró.

Añadió que la situación se podría agravar después porque las empresas mineras podrían considerar no continuar con las actividades.

“Se les estaría obligando a tener en su planilla directamente a todos los trabajadores, lo cual es inviable”, sostuvo.

También recordó que la Ley General de Minería faculta a las mineras a contratar empresas especializadas en las 4 fases de la operación minera.

En el último programa de Rumbo Minero TV, la presidenta del Comité Minero de la SNMPE, Magaly Bardales, también expresó su preocupación sobre esta medida.

De igual manera, Carlos Bernal recalcó que el empleo no se genera por decreto ni por ley.

“El empleo se genera fomentando las inversiones. Tenemos que defender primero la economía para después distribuir”, enfatizó.

Acción popular contra tercerización laboral

Por otro lado, en RPP, Carlos Bernal informó que este miércoles 23 se ha presentado una acción popular contra el decreto para la tercerización laboral.

“Hoy hemos presentado la acción popular con respecto a los riesgos que implica la norma (de tercerización laboral) y también las figuras de acción de amparo”, expresó.

Asimismo, Carlos Bernal detalló que este decreto que prohíbe la tercerización laboral aplicada por este gobierno carece de sustento técnico-legal.

“Este decreto supremo y sus alcances no tiene un sustento técnico-legal ni argumentos para poder ser aplicado”, manifestó.

Cabe precisar que Acomipe representa a las empresas contratistas para las empresas mineras.

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