Asimismo, comentó que la burocracia es un obstáculo para la inversión, ya que lograr que un proyecto pase de la exploración a la operación requiere superar hasta 265 trámites, lo que desincentiva la formalización y retrasa el desarrollo.
En su presentación sobre “La minería ilegal en el Perú”, Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú (SNMPE), destacó que el empleo informal es uno de los grandes desafíos que enfrenta el Perú. Este fenómeno afecta al 75 % de la población económicamente activa (PEA), lo que evidencia la magnitud del problema.
«Durante la pandemia de Covid-19, la informalidad se hizo aún más evidente, ya que la falta de registros formales impidió al Estado brindar ayudas de manera efectiva. Se cometieron errores como entregar el dinero a través del Banco de la Nación, lo que generó largas colas y expuso a las personas al contagio», remarcó.
Comentó que este reto no se limita al sector minero, pero es especialmente relevante en esta área, debido a los vicios asociados con la informalidad, que a menudo derivan en ilegalidad y actividades criminales.
Y para superar esta problemática, resaltó la importancia de la formalización del sector minero, lo que permitiría no solo aumentar los ingresos fiscales, sino también garantizar condiciones laborales más dignas y legales.
Formalización minera
Gobitz indicó que otro de los mayores problemas en el Perú es la formalización de la minería, particularmente en el caso del oro.
«Hace dos días hemos estado con Adolfo García, alto comisionado para el combate de la minería ilegal, donde estiman que la producción del oro fuera de la formalidad alcanzará este año las 2,4 millones de onzas, generando ingresos superiores a los 5.000 millones de dólares. Este dinero opera al margen del sistema formal, sin pagar impuestos ni respetar las leyes laborales», lamentó.
Además, dijo, estas actividades ilegales tienen la capacidad financiera de influir en la política, financiar campañas publicitarias y organizar movilizaciones, afectando la gobernabilidad del país.
Por otra parte, resaltó que desde los años 70, el Perú ha acumulado una gran cantidad de ministerios, llegando a un total de 19, lo que complica la gestión de proyectos mineros. «En lugar de ir a una sola ventanilla, los empresarios deben recorrer una serie de instituciones, dependiendo de la ubicación del proyecto. Hemos identificado hasta 265 trámites necesarios para que un proyecto se convierta en operación. Este exceso de burocracia afecta negativamente la formalización de la minería en el país».
Agregó que la informalidad es un gran problema, representando aproximadamente un 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú. A esto se suma la geografía del país, que tiene regiones remotas con un enorme potencial minero, como la Cordillera de los Andes, rica en cobre y oro, pero que enfrenta una falta de infraestructura y un Estado que aún no tiene la capacidad suficiente para abordar estos desafíos.
«La minería ha sido una parte integral de la identidad peruana, pero la falta de capacidad del Gobierno y la creciente informalidad han generado problemas graves. La economía formal ha dejado de participar activamente en la política, y ese vacío ha sido ocupado por sectores informales que operan fuera del marco de la transparencia y la trazabilidad. Si no corregimos, existe el riesgo de que las economías informales logren una representación política indebida», expresó.
Para finalizar, dijo que es necesario simplificar los procesos administrativos. «Los 265 pasos burocráticos actuales para llevar un proyecto a cabo no solo son ineficientes, sino que también dificultan el crecimiento y la formalización del sector. Necesitamos mejorar la forma en que interactuamos con el entorno local, simplificar los trámites y garantizar que los proyectos contribuyan al desarrollo económico y social de las regiones en las que operan».
