Los principales productores de concentrado de litio en Zimbabue han solicitado al Gobierno posponer la implementación del nuevo impuesto del 5 % a las exportaciones del mineral hasta que las refinerías locales estén en funcionamiento. Zimbabwe Lithium Exporters (ZLE), asociación que agrupa a compañías como Chengxin Lithium Group, presentó el pedido formal a los ministerios de Minas y Finanzas, solicitando un plazo adicional de dos años y medio.
Según el documento, visto por Bloomberg, ZLE argumenta que el gravamen debería diferirse hasta 2027, fecha en la que se prevé la operación de instalaciones que permitirán producir sulfato de litio. Este producto intermedio sería posteriormente exportado a China para su conversión final en material apto para baterías, dentro de la cadena de suministro global de vehículos eléctricos.
Zimbabue ha emergido como un proveedor estratégico de concentrado de litio para China, atrayendo inversiones de grandes grupos como Zhejiang Huayou Cobalt, Sinomine Resource Group y Chengxin. Sin embargo, la implementación inmediata del impuesto podría afectar el ritmo de expansión industrial en el país. El objetivo oficial del tributo es fomentar la instalación de capacidades de refinación locales y aumentar el valor agregado antes de la exportación.

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Además del pedido de postergación, ZLE expresó reparos sobre el método actual de cálculo de regalías. Señalan que el Gobierno basa el valor de los pagos en el precio del carbonato de litio, una forma más refinada y costosa, en lugar del concentrado de litio efectivamente producido por las empresas locales. Esta diferencia afecta los márgenes de operación y genera presión financiera en los proyectos en desarrollo.
La Cámara de Minas de Zimbabue, que representa al sector extractivo, sostuvo una reunión con el Ministerio de Finanzas el pasado 19 de mayo para discutir la propuesta. Aunque se confirmó la realización de las conversaciones, un portavoz evitó comentar sobre su contenido. En paralelo, la minera estatal Zimbabwe Mining Development enfrenta desafíos adicionales, incluyendo el riesgo de confiscación de activos en disputa con Amaplat Mauritius por una deuda derivada de arbitraje internacional.