Durante el mes de julio se realizará el proceso de consulta pública para revisar el Documento Preliminar sobre los Derechos de Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales. Durante este proceso de consulta pública, la ciudadanía podrá acceder al documento vía online, remitir aportes sobre el mismo y, además, se organizarán diversos Talleres Multisectoriales para construir la posición nacional sobre el mencionado documento cuyo objetivo es el fortalecimiento de la democracia y la gobernanza ambiental en América Latina y el Caribe, mediante la efectiva implementación de los Derechos de Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales.
“De esta manera se espera que la participación activa de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en general coadyuve en el proceso de negociación a través de sugerencias y aportes sobre el futuro acuerdo regional, proceso del que ya forman parte 20 países de la región, incluyendo el Perú.”
Dicho proceso de negociación tiene como antecedente la Conferencia de Río + 20 realizada en Brasil en el año 2012, donde los países de América Latina y el Caribe, entre ellos, el Perú, decidieron iniciar un proceso de negociación regional conducente a la aprobación de un instrumento que implemente el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo y construya un marco jurídico internacional que, a través de mecanismos de gobernanza ambiental, garantice el Derecho a un medio ambiente sano y sostenible.
En efecto, cerca de 178 países con ocasión de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (19925), suscribieron el mencionado Principio 10 que establece:
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes” (Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992).
Fuente: Minam
