Carlos Gallardo, Carlos Gálvez y Carlos Herrera Descalzi expresaron a Rumbo Minero sus expectativas sobre el mensaje que dará la presidente Dina Boluarte.
A pocos días del mensaje presidencial del 28 de julio, representantes del gremio minero y del ámbito económico compartieron con la revista Rumbo Minero sus expectativas frente a lo que anunciará la mandataria Dina Boluarte, en un contexto marcado por el estancamiento de la gran inversión, el auge de la minería ilegal y los debates inconclusos sobre la formalización del sector.
Exceso de burocracia y señales confusas desalientan la inversión
Para Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la prioridad debe ser simplificar los procesos para dinamizar la minería formal. “No puede ser que por un lado se frene a los proyectos grandes con trámites interminables, mientras que, por otro, mineros informales o ilegales operen sin ningún control”, afirmó.
En esa línea, Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, advirtió que el discurso no generará grandes cambios estructurales. “Este es el último año del gobierno, no se van a concretar grandes cosas de aquí a diciembre. El empresariado mira hacia el próximo periodo”, indicó. Ambos coincidieron en que las trabas administrativas son un obstáculo compartido tanto por la gran minería como por los mineros que desean formalizarse.
Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), también remarcó la necesidad de una reforma integral: “Hoy, el sector informal crece porque los procesos para acceder a la legalidad están plagados de barreras burocráticas”.
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Minería ilegal: entre mesas de diálogo y señales contradictorias
Los tres expertos coincidieron en que el eje más visible del mensaje presidencial será el tratamiento de la minería ilegal. Herrera Descalzi considera que el gobierno ha optado por un discurso centrado en la informalidad, reflejo del avance de las mesas técnicas con actores del Reinfo. “Lo que se diga en torno a la minería informal tendrá repercusiones en toda la cadena minera, incluyendo la gran minería”, enfatizó.
Gallardo saludó la reciente depuración del Reinfo, que dio de baja más de 50 mil registros inactivos, pero advirtió que sería un error abrir nuevos procesos sin control: “Eso solo reproduce la impunidad. Muchos operan como ilegales bajo el paraguas de una supuesta formalización que nunca se concreta”.
Por su parte, Gálvez cuestionó la actuación del Ejecutivo al conocerse que el ministro del Ambiente, Juan Carlos Montero, mantenía contacto con dirigentes informales: “La autoridad debe ser imparcial. Si antes ha coordinado con actores informales y ahora asume la formalización, el mensaje que se transmite es peligroso”.
Trazabilidad, control y financiamiento ilegal
Desde el IPE, Gallardo pidió que el discurso presidencial vaya más allá de las interdicciones y avance hacia una estrategia integral que incluya trazabilidad y control financiero. “Se necesita un sistema robusto, con trazadores o canales certificados, que impida que el oro ilegal se mezcle con el formal. Además, preocupa el financiamiento ilegal en las próximas elecciones”, advirtió.
También propuso que el Estado refuerce el acompañamiento técnico y recupere la capacidad operativa vista en la operación Mercurio en 2019. “No basta con interdictar. Se necesita presencia estatal real y propuestas económicas viables para las comunidades”, concluyó.
Congreso y gobernanza: evitar retrocesos normativos
Sobre la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Gálvez fue claro: “Deben liderarla personas técnicas, que conozcan del sector y la gestión pública, pero que no estén politizadas. Se legisla para 34 millones de peruanos, no para unos cuantos”.
En la misma línea, Herrera mostró preocupación por el debate de la ley MAPE y advirtió que sería perjudicial si el Estado impulsa acuerdos forzados entre grandes y pequeños mineros en zonas de superposición: “Eso sí tendría efectos reales en la inversión futura”.
