Planteó que el Estado convoque a instituciones con conocimiento técnico como el Ingemmet y otros actores especializados para estructurar una ley MAPE eficiente.
Durante una entrevista en Rumbo Minero TV, el presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas del CD Lima, Jorge Soto Yen, subrayó la necesidad de enfocar la política minera en cifras concretas y procesos eficientes de formalización. “Llevamos 12 años con el mismo sistema y hoy tenemos 30 mil mineros definidos que requieren todo el esfuerzo para formalizarlos. Dedicar recursos a ampliar el proceso a 50 mil sería un gasto inútil para el Estado”, afirmó.
75% de las concesiones están en pequeños mineros
Soto Yen resaltó un dato clave que revela la magnitud del reto: “El 74-75% de las concesiones mineras están en manos de pequeños productores y mineros artesanales, mientras que solo el 25-26% corresponde a mediana y gran minería”. Según el ingeniero, la mayor concentración de mineros informales se ubica en regiones como Arequipa, La Libertad, Puno, Ayacucho y recientemente Apurímac, donde el cruce de información geológica con datos de concesiones muestra que “es ahí donde se encuentra la mayor parte de la informalidad e ilegalidad”.
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Formalización y economía real
El especialista también cuestionó la viabilidad económica de algunos actores del Reinfo: “Hay concesionarios con 200 a 2.000 hectáreas que generan ingresos de US$ 300.000 a más de US$ 1,2 millones anuales. La pregunta es: ¿realmente les conviene formalizarse bajo las condiciones actuales?”. Para Soto Yen, la solución pasa por un análisis técnico profundo que priorice a los 30 mil que han quedado en el proceso y que verdaderamente buscan la formalización.
Impacto económico y seguridad jurídica
El presidente del capítulo de Minas advirtió que cualquier intento del Estado de convertirse en mediador sin reglas claras podría tener implicancias legales internacionales: “Si se llega a afectar contratos de estabilidad tributaria y jurídica de la mediana y gran minería, el Perú podría enfrentar conflictos en tribunales internacionales. Por eso, cualquier negociación debe respetar los lineamientos legales y económicos que sostienen al sector”.
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Llamado a instituciones técnicas
Finalmente, Soto Yen planteó que el Estado convoque a instituciones con conocimiento técnico como el Ingemmet y otros actores especializados para estructurar una ley MAPE eficiente: “Solo así se podrán definir nuevos lineamientos que permitan resultados reales en la formalización y una política minera sostenible”.
