Hizo un llamado a la unidad dentro del Congreso para alcanzar un consenso técnico que permita aprobar la ley MAPE antes del cierre de la legislatura.
La congresista Diana Gonzales, integrante de la Comisión de Energía y Minas, manifestó su firme compromiso para que la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) sea aprobada en la próxima legislatura. Para la parlamentaria, este proyecto representa una política pública de largo plazo que debe ser abordada con responsabilidad y sin presiones externas.
“Espero sinceramente que en la siguiente legislatura podamos rearmar este predictamen y trabajarlo de manera seria y planificada”, afirmó Gonzales, quien cuestionó que el tema haya sido sometido a votación de forma precipitada al cierre de la legislatura anterior, sin un debate técnico suficiente.
Durante sus declaraciones, para el programa Rumbo Minero TV, expresó su preocupación por el apresuramiento del presidente de la comisión de Energía y Minas, Paúl Gutiérrez, al someter el dictamen a votación “con cargo a redacción”. “Ni siquiera sabíamos lo que estaba en ese predictamen ni los cambios que se iban a aceptar. Por eso también voté en contra: me parece sumamente irresponsable”, señaló.
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Participación de todos los sectores
Gonzales propone que en la próxima legislatura se realice un trabajo técnico, transparente y con la participación activa de todos los actores involucrados. “Estas famosas mesas de trabajo deben ser públicas, abiertas, y no espacios cerrados donde se legisle para un solo sector. Escuchemos a todos antes de llevar un nuevo texto al Pleno”, subrayó.
La legisladora también insistió en que el Ejecutivo no puede mantenerse al margen del debate. “No basta con enviar un proyecto de ley. El Ejecutivo debe participar activamente en las sesiones, absorber dudas y acompañar el proceso legislativo desde el inicio, no aparecer solo al final para observar la norma”, enfatizó.
Para Gonzales, la aprobación de esta ley no solo es una deuda pendiente con miles de pequeños mineros, sino también un paso clave hacia una política de formalización con impacto de largo plazo. “Estamos hablando de una política pública que tendrá repercusiones por los próximos 20 años. No podemos fallar. Llegar al 31 de diciembre sin esta norma aprobada sería un gran problema para todo el país”, advirtió.
Finalmente, hizo un llamado a la unidad dentro del Congreso para alcanzar un consenso técnico que permita aprobar la ley MAPE antes del cierre de la legislatura. “Nos jugamos mucho en esta discusión. No se trata de ceder a gritos en las calles, sino de legislar con criterio, transparencia y responsabilidad”, concluyó.
