La Fiscalía reiteró la necesidad urgente de un mayor presupuesto y fortalecimiento institucional para enfrentar de forma eficaz este grave problema nacional.
La Fiscalía de la Nación y las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) alertaron que las recientes normas aprobadas y en debate en el Congreso dificultan significativamente la sanción efectiva de responsables de minería ilegal, tráfico de flora y fauna silvestre y otras amenazas al medio ambiente. Según el fiscal superior Frank Almanza Altamirano, coordinador nacional de las FEMA, la minería ilegal causa pérdidas anuales superiores a S/ 22 mil millones, equivalentes al 2.5 % del PBI, y está estrechamente ligada a redes de crimen organizado, trata de personas, corrupción y lavado de activos.
Entre los vacíos legales más graves se encuentran las prórrogas al Reinfo, la Ley MAPE —que permite un nuevo registro sin controles ni plazos definidos—, y la exclusión de la minería ilegal de la Ley contra el Crimen Organizado debido a penas menores a cinco años. También se cuestionan los cambios en la Ley de Extinción de Dominio y la falta de obligatoriedad en el registro de maquinaria pesada, lo que limita gravemente la capacidad de fiscalización y sanción.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, destacó que la minería ilegal mueve siete veces más recursos que el narcotráfico. A pesar de las restricciones presupuestales, reafirmó el compromiso del Ministerio Público de seguir actuando con autonomía, objetividad y respeto al Estado de Derecho. “Esa es nuestra misión”, afirmó durante una conferencia de prensa en la que se presentó un balance de resultados.
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Logros institucionales
En cuanto a logros institucionales, las FEMA informaron que en 2024 se obtuvieron 1091 sentencias condenatorias y 232 en los primeros cinco meses de 2025. También se dictaron 19 medidas de prisión preventiva en 2024 y 15 en lo que va del año por delitos como minería ilegal agravada y tráfico de fauna silvestre. Asimismo, se destruyeron más de 1600 campamentos ilegales y miles de equipos utilizados para la extracción ilegal de minerales y madera.
Finalmente, Víctor Cubas Villanueva, vocero de la Fiscalía de la Nación, enfatizó que la minería ilegal es actualmente el delito que más afecta la economía y el medio ambiente del país. Zonas como Condorcanqui, Madre de Dios y Tambopata figuran entre las más afectadas. Ante este panorama, la Fiscalía reiteró la necesidad urgente de un mayor presupuesto y fortalecimiento institucional para enfrentar de forma eficaz este grave problema nacional.
