La bancada que presentó el dispositivo legal fue Unión por el Perú.
La bancada Unión por el Perú, a través de Yéssica Apaza, presentó un Proyecto de Ley que tiene por objetivo regular el cumplimiento de los compromisos sociales y/o económicos formalizados en convenios, actas, contratos y cualquier instrumento legal que el titular minero y las comunidades hayan asumido para la exploración, explotación y/o cierre de minas.
En el segundo artículo del Proyecto de Ley 07773/2020-CRd se indica que «las actas, convenios, contratos y cualquier otro instrumento legal que contenga los compromisos entre el titular minero y las comunidades campesinas o nativas al momento del inicio y/o reinicio de las actividades mineras y posteriores a ellas, tiene carácter de fiel cumplimiento».
Asimismo, «son exigibles por ambas partes con la intervención del Estado, para lo cual deben ser puestos en conocimiento».
La parlamentaria Apaza, indicó, en el apartado de la explicación de los motivos, que es común ver un proceso de negociación para que las empresas mineras estén autorizadas al uso del terreno superficial, dando paso a convenios y parecidos. Sin embargo, añadió, dichos documentos no son vigilados o fiscalizados por autoridad alguna.
“Consecuentemente, no existe sanción administrativa para la parte que incumple, lo que perjudica las relaciones y convivencia social que debe existir en la actividad minera y las comunidades adyacentes a los proyectos mineros”, explicó la congresista.
Frente al incumplimiento de los compromisos sociales y/o económicos, cuando la comunidad campesina o nativa acuerda recurrir a protestas sociales (paros, bloqueos, protestas) se generan efectos negativos para la economía comunal, distrital, provincial, regional y nacional.
“En ese sentido, la propuesta legislativa busca que estos compromisos estén vigilados y fiscalizados para su cumplimiento por las autoridades competentes (…) Esto es una medida que ayuda a prevenir los conflictos sociales (…)”, dijo Apaza.
Entidad fiscalizadora
Frente a lo expuesto, en el acta está expuesto que la entidad fiscalizadora podría ser el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y los Gobiernos regionales, a través de las direcciones regionales de energía y minas, o los que hagan sus veces.
El dispositivo sostiene que «esta es una medida que ayudará a prevenir los conflictos sociales que, en su mayoría, se vienen dando por el reclamo airado por los incumplimientos en los que incurren los titulares de la actividad minera; así como las comunidades campesinas o comunidades nativas. El incumplimiento, a veces, viene de ambas partes».
Se precisa también que la propuesta legislativa no genera asignación de ninguna partida presupuestal adicional. Por el contrario, «genera un beneficio de tener monitoreado el cumplimiento de los compromisos sociales y actuar con anticipación a una diferencia que puede desembocar en un conflicto social».
