A fin de atraer a inversionistas privados para financiar actividades de exploración.
El viceministro de Exploración y Explotación de Bolivia, Daniel Mayta Jiménez, dijo que tras el descubrimiento del pozo Margarita 10 y en una medida para fomentar la inversión y fomentar la producción, la Ley de Hidrocarburos 3058 -promulgada el 17 de mayo de 2005- necesitaba ser cambiada.
“Estamos trabajando en modificar la normativa, hay que diferenciar lo urgente de lo necesario. Vemos necesario que la Ley 3058 ya cumplió un ciclo”, dijo Mayta Jiménez.
Agregó que el Gobierno está trabajando en los decretos supremos para generar incentivos al sector y aumentar las áreas de exploración de la estatal YPFB.
Según los analistas, una Ley de Hidrocarburos actualizada atraerá a inversionistas privados para financiar actividades de exploración que se traducirán en un aumento de las reservas de gas y petróleo. Se dice que Bolivia necesita al menos US$ 8,5 mil millones para este propósito. El Decreto 28701 para la nacionalización de hidrocarburos, firmado el 1 de mayo de 2006, ya contempla una nueva ley de hidrocarburos.
El director general de YPFB, Armin Dorgathen, prevé que los ingresos petroleros para 2022 rondarán los US$ 2.000 millones, no solo gracias a Margarita 10 sino también por otros proyectos a largo plazo.
El pozo Margarita-10 está ubicado en el campo Margarita-Huacaya en los departamentos de Chuquisaca y Tarija. Según las autoridades bolivianas, las ganancias de Margarita-10 sumarán US$ 260 millones anuales gracias a su capacidad de producción estimada en alrededor de “3 millones de metros cúbicos diarios”, según el presidente Luis Arce.
