España mantiene su plan de cerrar todas sus centrales nucleares para 2035, pese a la creciente oposición de sectores industriales, políticos y expertos en energía.
Mientras países europeos como Francia, Suecia y Países Bajos refuerzan su apuesta por la energía nuclear, el gobierno español sigue firme en su transición hacia fuentes renovables. Sin embargo, la decisión genera incertidumbre sobre el futuro del suministro eléctrico y el impacto económico que podría tener.
Un plan en marcha desde 2019
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), aprobado en 2019, estableció el cierre escalonado de las siete unidades nucleares operativas en España. La primera en cesar su actividad será Almaraz I en 2027, seguida de Almaraz II en 2028. Luego, en la siguiente década, seguirán Ascó I y II, Cofrentes, Vandellós II y Trillo, finalizando el apagón nuclear en 2035.
El gobierno español, liderado por el socialista Pedro Sánchez, defiende esta estrategia como parte de su compromiso con la descarbonización y la transición energética. “La apuesta son las renovables”, ha reiterado la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien asegura que el país tiene la capacidad de reemplazar la energía nuclear por fuentes limpias como la solar y la eólica.
Preocupaciones sobre el suministro eléctrico
El cierre de las centrales nucleares implica sustituir una fuente de energía constante y predecible por energías intermitentes. Expertos como Enric Bartlett, de Esade Law School, advierten que esto representa un desafío técnico y financiero. “El sistema eléctrico deberá garantizar suficiente almacenamiento y redes de transporte adecuadas para evitar inestabilidad en el suministro”, explica.
Además, el crecimiento del parque automovilístico eléctrico y la creciente demanda de energía de los centros de datos, impulsados por el auge de la inteligencia artificial, plantean dudas sobre si España podrá cubrir sus necesidades sin energía nuclear.
Empresas y expertos piden reconsiderar la decisión
El sector energético ha alzado la voz en contra del cierre nuclear. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, aseguró que la energía atómica sigue siendo “absolutamente necesaria” para garantizar el suministro eléctrico. En febrero de 2024, Iberdrola y otras 30 empresas firmaron un manifiesto en favor de extender la vida útil de las centrales nucleares.
El Foro Nuclear, que representa a la industria atómica en España, advierte que la decisión del gobierno se tomó en un contexto económico y geopolítico diferente al actual. Argumentan que cerrar las plantas sin una alternativa viable podría afectar el tejido productivo y provocar un aumento en las tarifas eléctricas.
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Presión política para frenar el apagón nuclear
El Partido Popular (PP) y otras fuerzas de oposición han incrementado la presión sobre el gobierno para que reconsidere su plan. En el Parlamento, los populares impulsaron una resolución para mantener las centrales en funcionamiento más allá de 2035.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó la decisión del gobierno y advirtió sobre un posible aumento de hasta el 35% en las tarifas eléctricas para las empresas. “No podemos permitir que el gobierno apague el futuro de España”, declaró Ayuso durante una visita a la central de Almaraz.
Mientras tanto, países vecinos como Bélgica han optado por prolongar la vida de sus reactores. Italia, que abandonó la energía nuclear hace 25 años, está considerando su regreso. Estas decisiones refuerzan el argumento de quienes defienden que España debería replantear su postura.
¿Es viable el cierre nuclear en 2035?
El gobierno insiste en que el sistema eléctrico español podrá soportar el apagón nuclear sin problemas si se cumplen ciertas condiciones. “Si tenemos la potencia instalada, las redes de transporte y el almacenamiento adecuados, el plan de cierre debiera poder continuar sin perturbaciones”, sostiene Bartlett.
Sin embargo, esto requerirá una inversión masiva en infraestructuras y nuevas tecnologías de almacenamiento de energía. España ha avanzado en la instalación de renovables, pero aún enfrenta desafíos para garantizar estabilidad y precios competitivos.
El cierre nuclear en España está previsto para 2035, pero la oposición crece a medida que se acerca la primera fase del plan. Empresas, expertos y políticos cuestionan si el país podrá prescindir de esta fuente de energía sin afectar la estabilidad del suministro y la economía.
El debate sigue abierto: ¿es la transición 100% renovable la mejor opción para España o debería reconsiderar su postura y seguir el camino de otros países europeos que han renovado su apuesta por la energía nuclear?
