La jefa de Estado promulgó hoy la ley que promueve la transparencia y la ejecución eficaz de los recursos no reembolsables que el país recibe.
La presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, promulgó hoy la ley que faculta la fiscalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan en el país, con el objetivo de impedir que algunas de ellas sigan promoviendo el odio y la desunión entre los peruanos.
“Esta ley velará por el supremo interés de la democracia, la unidad nacional y poner bajo una revisión exhaustiva a una minoría de ONGs que actúan en contra de los intereses de nuestro país, sembrando odio y atacando nuestro sistema”, manifestó desde Palacio de Gobierno donde se firmó la autógrafa.
Explicó que, con esta ley, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) asume nuevas funciones, entre ellas, promover la transparencia y supervisar de manera eficaz la ejecución de los recursos no reembolsables que el país recibe a través de la cooperación técnica internacional.
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«El control y la fiscalización son prerrogativas fundamentales de un Estado constitucional, soberano y democrático, basado en la legalidad, donde no existen zonas libres ni espacios exentos del escrutinio público. Por ello, el propósito de esta ley es garantizar la transparencia y asegurar que los recursos, tanto públicos como privados, se utilicen de manera honesta”, enfatizó.
Política nacional de cooperación técnica internacional
Indicó que la ley también asigna la responsabilidad de ejecutar la política nacional de cooperación técnica internacional, una herramienta clave de nuestra política exterior, orientada tanto a captar recursos para el desarrollo nacional como a promover la oferta peruana de cooperación en el ámbito global.
“A partir de ahora, las entidades que reciban recursos de la cooperación internacional deberán inscribir sus planes, proyectos, programas y actividades, así como la ejecución de sus gastos, en un registro público e informativo gestionado por la APCI. No se trata de control, sino de claridad; no es fiscalización arbitraria, sino de rendición de cuentas”, subrayó.
De igual manera, precisó que la ley faculta a la SUNAT para evaluar la creación de una unidad especializada que asegure la supervisión establecida, dentro del marco de sus competencias.
“Se establece también que todo contrato o acto jurídico que el Estado celebre con las organizaciones gestoras de cooperación técnica internacional deberá contar con la conformidad previa de la APCI”, detalló.
Seguidamente, la jefa de Estado destacó que esta iniciativa fue respaldada de manera clara y contundente en el Congreso de la República. «Su aprobación y la exoneración de segunda votación reflejan el amplio consenso en torno a la necesidad de garantizar la transparencia y el uso responsable de los recursos provenientes del exterior», expresó.
Transparencia
Finalmente, la mandataria reflexionó afirmando que, en una democracia moderna, nadie debe temer a la transparencia.
«Nadie debe sentirse aludido o afectado cuando el objetivo de una norma es proteger el interés general y asegurar que cada sol, cada dólar, cada euro que llega al Perú en nombre de la cooperación internacional cumpla con los objetivos y las propuestas que hicieron posible el apoyo de los organismos comprometidos con mejorar la vida de nuestra gente», puntualizó.
