La reciente masacre en Pataz, donde 13 trabajadores mineros fueron secuestrados y asesinados presuntamente por una banda criminal vinculada a la minería ilegal, encendió las alarmas sobre el avance del crimen organizado en el país. Con este nuevo atentado, ya suman 39 personas asesinadas en esta provincia de La Libertad. La región fue declarada en estado de emergencia en varias ocasiones, y recientemente se anunció la instalación de una base militar en la zona.
Esta actividad ilícita se ha convertido en una amenaza directa para la seguridad nacional y habría movilizado cerca de US$ 1,777 millones en 2022, según un informe de la Universidad del Pacífico. La minería ilegal no solo evade impuestos y el pago del canon minero, sino que también genera un entorno de competencia desleal para la minería formal.
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A pesar de esta creciente amenaza, el presupuesto estatal para enfrentar la minería ilegal se redujo en un 34% desde 2019, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). Para 2025, se han asignado solo S/ 81 millones, lo que representa una disminución del 10% en comparación con el 2024. Además, de acuerdo con Carlos Gallardo, gerente general del IPE, el Gobierno destina menos de S/ 0.50 por cada S/ 100 del presupuesto público a reforzar el orden y la seguridad en estas zonas vulnerables.
Organizaciones mineras y expertos en seguridad advierten que esta tendencia pone en riesgo no solo a los trabajadores del sector minero formal, sino también a las comunidades cercanas a zonas de extracción. Uno de los primeros atentados registrados contra Minera Poderosa data del 11 de julio de 2023, cuando un grupo de delincuentes armados ingresó al Nivel 2820 de la mina. Desde entonces, la empresa ha sido blanco de múltiples ataques.
Según la propia compañía, Pataz se ha convertido en “un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente, segando vidas, sembrando el terror y sometiendo voluntades”. Esta situación refleja cómo la minería ilegal ha evolucionado de una actividad clandestina a un fenómeno criminal estructurado que desafía la presencia del Estado en zonas estratégicas.
