Esta medida, impulsada por ciertos sectores que representan intereses de pequeños mineros.
El dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso sobre la esperada Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE) genera serias preocupaciones en el sector minero formal, ya que algunas de sus propuestas podrían terminar beneficiando a actores que operan fuera del marco legal.
Aunque la intención declarada de la Ley MAPE es promover la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, varias de las iniciativas presentadas en el Congreso apuntan en otra dirección. Existe el riesgo real de que, bajo el pretexto de facilitar dicha formalización, se consoliden mecanismos que perpetúen el actual modelo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), utilizado durante años como escudo por la minería ilegal. Pese a que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la propia Comisión han reiterado que el Reinfo no se extenderá más allá de 2025, algunas propuestas legislativas parecen orientadas a mantener su vigencia de forma encubierta.
Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de que la ley reconozca el derecho de terceros a operar sobre concesiones mineras inactivas. Esta medida, impulsada por ciertos sectores que representan intereses de pequeños mineros, podría vulnerar los derechos adquiridos de titulares de concesiones formales, abriendo la puerta a conflictos legales y operativos. Además, plantea un precedente peligroso: permitir que actores sin título habilitante intervengan en áreas legalmente concesionadas pero temporalmente inactivas, bajo el argumento de su uso productivo.
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Desde noviembre del año pasado, cuando el Ejecutivo presentó el proyecto de ley original, se han sumado al debate al menos cuatro propuestas adicionales, la más reciente impulsada por Fuerza Popular. Todas ellas están siendo evaluadas por la Comisión de Energía y Minas, que en las próximas semanas definirá los lineamientos finales del dictamen. Sin embargo, algunas de estas propuestas contienen disposiciones que, en la práctica, institucionalizarían un régimen paralelo de “formalización” indefinida para la minería informal.
Si la ley finalmente aprueba el uso de concesiones inactivas por terceros sin el consentimiento de los titulares, se estaría minando (literal y figuradamente) la seguridad jurídica sobre la cual se sustenta la inversión minera formal en el país. Urge que el Congreso analice con rigor técnico y legal las implicancias de cada disposición, evitando medidas que, bajo una fachada de inclusión, puedan socavar la legalidad del sistema concesionario y fortalecer a quienes operan al margen de la ley.
