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El 52% del mercurio importado va a la minería ilegal

Hasta 2014, Bolivia importaba 10 toneladas de mercurio; sin embargo, desde 2015, se ha llegado, en promedio, a 192 toneladas por año.

El mercurio se emplea para separar oro de las rocas o sedimentos en los que se encuentra. En Bolivia este metal líquido se usa, principalmente, para la minería de oro artesanal.

Pero según el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), existen entre 1.200 y 1.300 cooperativas que emplean este producto en la Amazonía.

Estas cooperativas se situan en zonas auríferas como el norte de La Paz, los Yungas, a lo largo del río Beni y Madre de Dios.

Incluso, destacó, también hay minería aurífera en Santa Cruz en municipios de San Ramón, Guarayos, San Javier y en la mina San Simón, del Beni.

Mercurio en minería ilegal

Hasta 2014, Bolivia importaba diez toneladas de mercurio, pero desde 2015 esta cifra se disparó hasta llegar, en promedio de los pasados siete años, a 192 toneladas anuales.

De ese nivel de importación, se estima que solo 90 toneladas se emplean en el país de forma legal.

Mientras que el resto, que vendría a ser un 52% del total importado, se va a la minería ilegal o pasa por contrabando a otros países de la región.

“Se asume que el excedente va a la minería ilegal o se vende de forma ilegal a los países vecinos”, declaró Óscar Campanini, investigador del CEDIB.



Salud de las poblaciones

La entidad boliviana en coordinación con la universidad de Cartagena llevó adelante un monitoreo a las comunidades indígenas que viven a lo largo de las cuencas Madre de Dios y Beni

Así, la gran mayoría de las personas tienen niveles de mercurio por encima de lo que es recomendable (una parte por millón).

“Nosotros encontramos que las concentraciones, en promedio, están entre cinco a 10 partes por millón y consideramos que el nivel de contaminación es moderado a bajo”, reveló el estudio.

Falta de control

El CEDIB advirtió que no se controla cuánto ingresa, dónde llega, dónde se almacena y dónde dispone el mercurio.

Pese a que la Ley del Medio Ambiente -de 1990- tiene medidas para que el Estado pueda controlar su internación.

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