Los mineros y buscadores de oro en la región amazónica continúan contaminando y destruyendo áreas en busca de bienes.
Los buscadores de oro, o garimpeiros, como se les conoce localmente, se han introducido cada vez más en las reservas indígenas en la región amazónica de Brasil.
Esta situación viene ocurriendo, especialmente, desde que Jair Boldonaro asumió la presidencia y anunció un plan para abrir algunas de las áreas a la minería y la agricultura.
El Instituto Socioambiental (ISA), un grupo sin fines de lucro, estima que hay alrededor de 20,000 mineros salvajes solo en el territorio Yanomami.
Yanomami
Los Yanomami son un grupo de 35,000 indígenas que viven en unas 200–250 aldeas en la selva amazónica en la frontera entre Venezuela y Brasil.
Las reservas indígenas son una de las formas más efectivas de proteger la Amazonia, la selva tropical más grande del mundo.
Además, es una enorme reserva de carbono que ayuda a frenar el calentamiento global, a menudo apodado como “el pulmón del mundo”.
Según la web del Vaticano, el presidente Bolsonaro es escéptico al cambio climático y contaría con apoyo de poderosos líderes agroindustriales.
También considera que estas reservas son demasiado grandes para la cantidad de personas que viven allí y, por lo tanto, un obstáculo para el desarrollo.
“Bolsonaro, cuyo propio padre fue garimpeiro, es crítico con la extensión del territorio Yanomami, establecido en 1992 en una región donde se ubican vastas riquezas minerales”, informó la web del Vaticano.
La devastación
Según la ISA, el año pasado la minería ilegal devastó un área equivalente a 500 campos de fútbol en tierra yanomami, y es probable que este año provoque aún más destrucción.
Los garimpeiros también han contaminado los ríos con mercurio, que se utiliza para separar el oro del lodo y se les culpa por traer alcohol, drogas y, más recientemente, COVID-19 a las comunidades.
Ayuda del gobierno
En el Congreso, el gobierno de Bolsonaro impulsa una agenda que, según advierten los opositores, representa una amenaza existencial para la Amazonía y, en consecuencia, para los pueblos indígenas.
La Cámara de Diputados debe votar un proyecto de ley que legalizaría la ocupación privada de terrenos públicos. Otra propuesta podría allanar el camino para la reducción de áreas indígenas que ya existen.
A principios de esta semana, la Corte Suprema ordenó al gobierno que tomara medidas para proteger la aldea y otras comunidades indígenas, y para sacar a los garimpeiros de las áreas.
