En la presentación del estudio “Contribución de la Minería a la Economía Nacional”, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, destacó el enorme aporte del sector al país, pero lamentó que esta contribución no pueda ser mayor, pues, de acuerdo a su punto de vista, existen dos factores que siguen impidiendo el desarrollo de más proyectos mineros en el país: los conflictos sociales y la excesiva tramitología.
En ese sentido, dijo que para aumentar el aporte de la minería es preciso generar las condiciones para que los proyectos puedan ser ejecutados sin contratiempos, y bajo un adecuado marco que garantice la viabilidad de los mismos. Todo ello, por supuesto, respetando las exigencias ambientales que amerita el desarrollo de un proyecto minero.
“La conflictividad social es un elemento perturbador de la inversión, y es uno de los principales escollos para la puesta en marcha de estos proyectos”, dijo el presidente de la SNMPE. Y precisó que el problema se debe a la incapacidad del Estado de transformar los recursos económicos que transfiere la minería. En el sentido que no ha sabido ejecutar con eficiencia el dinero que las mineras aportan.
“Creemos que para atajar la problemática de la conflictividad, resulta fundamental generar capacidades y lograr que el Estado ejecute de manera eficaz, oportuna y eficiente los recursos que le transfiere la actividad minera. Por lo tanto, hay que pensar en rediseñar el Estado para tener esas capacidades y cerrar las brechas que tenemos, pues ellas son el caldo de cultivo para los conflictos sociales”, explicó.
De igual manera, se refirió a otro de los factores que de acuerdo a su análisis impide el desarrollo de los proyectos mineros: la tramitología, por lo que pidió racionalizar la normatividad que tenemos en el país.
“La engorrosa proliferación de tramites, procedimientos, permisos y autorizaciones que han venido afectando el sector es algo que dificulta el dinamismo de la inversión. Hemos pasado de tener 20 normas a más de 400. Y eso impacta el quehacer de la actividad minera”, subrayó.
En consecuencia, recomendó que se pueda racionalizar la normativa que actualmente viene asfixiando no solo el quehacer minero, sino el quehacer privado en general.
“No se trata de relajar normas o estándares ambientales. Lo que planteamos es una racionalización de los tramites, y eso es una solicitud que está en línea con las recomendaciones que dio el Comité de Minería Sostenible, de manera que se pueda generar condiciones que nos permitan impulsar la cartera de proyectos para que se traduzcan en mayor crecimiento, más empleo, más recaudación y el cierre de las brechas sociales que arrastramos en el país”, comentó.
