El Estado se queda hoy con el 75% de lo que genera la explotación de Camisea según consultora, que añade que ya el nivel de regalías que se aplica a la industria petrolera es un desincentivo a las inversiones petroleras. En general, su carga fiscal fluctúa entre el 57% y el 68%.

Un análisis que realizó Gerens sobre la industria de hidrocarburos en la región concluyó que la carga fiscal que sobrellevan algunas compañías dedicadas a esa actividad en el Perú es ya un desincentivo a la inversión y que está al mismo nivel que la aplicada en Bolivia y Ecuador, a la que considera irracional.

Arturo Vásquez, director de investigación de posgrado de Gerens, señaló a Gestión que algunos operadores de lotes en la costa norte del Perú tienen una carga fiscal   que, sumando el Impuesto a la Renta (IR), regalías petroleras, Impuesto a los Activos Netos, entre otros tributos, supera el 90% de la renta petrolera.

Caso Boliviano

Refirió que ese es el mismo porcentaje que han establecido los regímenes tributarios que aplicaron Ecuador y Bolivia, y que, en este último caso, en los pasados 15 años han llevado a desincentivar las inversiones en sus campos de petróleo y gas natural.

Señaló que, según ex autoridades bolivianas del ramo, tal régimen, junto con la estatización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha destruido las reservas de petróleo y gas del país, al punto que ahora está en riesgo en convertirse en importador del gas procedente de Argentina.

Situación en Perú

Volviendo al caso peruano, explicó que la carga impositiva más importante en la zona norte, y que consideró distorsionante, la constituye el pago de la regalía, que llega hasta el 45%, haciendo que el Estado se lleve la mayor parte de lo que se genera por la explotación de lotes en el área.

Vale indicar que hoy ya hay diversos lotes parados en el país, entre ellos en la zona norte (ver vinculada). En cuanto a la explotación del yacimiento de Camisea, Vásquez indicó que el estudio de Gerens -realizado a solicitud de la SNMPE- concluyó en que la carga fiscal que se aplica al lote 88 y que aporta el Consorcio Camisea, incluyendo IR, regalías y demás impuestos, llega al 75%.

En general, estimó que la carga fiscal por la explotación de yacimientos hidrocarburíferos en el Perú fluctúa entre el 57 al 68%, variabilidad que se explica por las diversas tasas de regalía que decidió aplicar en su momento el Estado.

En esa línea, señaló que si hoy no se ven mayores inversiones en hidrocarburos en el Perú, se debe no sólo a temas de la carga fiscal, sino además por el deterioro en el clima de inversiones en el país, así como por cambios en la regulación que distorsionan la predictibilidad para la recuperación de las inversiones, así como por la “tramitología”.

Además, si bien el precio del crudo se recupera, se preguntó quién va a invertir en el sector “si viene un partido que dice que va a expropiar todos los activos”.

Cifras y datos

• Regalías. Entre el 2002 y el 2020, el Estado recibió S/ 54,000 mlls. en regalías petroleras y gasíferas.
• Canon. Regiones y municipios de zonas petroleras recibieron S/ 47,120 millones por canon petrolero en 20 años.
• Bolivia. Sus reservas de gas natural cayeron de 30 a 10 TCF en 15 años.

Hay 10 lotes parados por pandemia y conflictos sociales

A diferencia de las empresas mineras, que superaron   las restricciones originadas por la pandemia, la presencia del covid-19 en el país es la principal causa invocada por empresas petroleras para mantener sus contratos paralizados bajo la condición de fuerza mayor.

Así lo indica el último reporte sobre supervisión de contratos del sector hidrocarburos, que emitió Perupetro, y que señala que son diez los lotes cuyos contratos tienen sus obligaciones suspendidas por fuerza mayor, cinco de los cuales atribuyen haber adoptado esa condición a la pandemia.

Entre ellos figuran los lotes Z-61, Z-62 y Z-63 de Anadarko Perú B.V. Sucursal Peruana, así como el lote 39, de Perenco Perú Petroleum Limited.

Conflictos

La segunda causa invocada para la suspensión de contratos es la motivada por aspectos sociales, y que es la que más retrasos en la reactivación de lotes origina.

Por ejemplo, el lote Z-6, de Savia Perú, acumuló al 2 de mayo último, 3,303 días (más de 9 años) paralizado por aspectos sociales, seguido del lote XXVII, con 1,809 días cumplidos de fuerza mayor a la fecha antes mencionada, por el mismo motivo.

Sin Inversión

Además, el reporte indica que hay al menos cuatro lotes cuyos operadores han decidido, o parar inversiones, o disminuirlas, debido a la proximidad del vencimiento de esos acuerdos contractuales, lo que sucederá entre fines de este año y el 2023.

Entre ellos, menciona los lotes I y V, de Graña y Montero Petrolera, así como el lote Z-2B, de Savia.