La ministra e Energía y Minas, Susana Vilca, descartó la posibilidad de hacer una «consulta previa virtual» a las comunidades nativas y campesinas del país sobre la explotación de temas mineros y de hidrocarburos en medio de la epidemia del COVID-19.

«Vemos que no es necesario hacerlo por video conferencia sino in situ, personalmente», anunció Vilca en una rueda de prensa virtual con integrantes de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

Al ser consultada sobre el rechazo a la opción virtual que han manifestado tanto organizaciones indígenas como organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Vilca reiteró que «no hay un tema de poder hacer la consulta» de esa manera.

«Hemos venido coordinando con el Ministerio de Cultura para ver cómo podíamos avanzar dentro de la pandemia», detalló antes de agregar que solo «había la idea de hacer las coordinaciones» de las consultas por video conferencias.

Rechazo internacional

La CIDH se pronunció sobre este tema el último fin de semana después de que la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, informara que coordinaba con el Ministerio de Cultura para que la consulta previa sobre el proyecto minero San Gabriel, a cargo de la empresa Minas Buenaventura, se realizase de manera telemática.

Sin embargo, el organismo recordó que el proceso de consulta «debe ser previo, libre, informado y de buena fe», lo que implica que «la forma en que esta se realiza también debe ser concertada, sin condicionamientos con las comunidades participantes».

Además, instó al Estado peruano a dar prioridad a la protección de los pueblos originarios en el marco de la pandemia, pues son varias las organizaciones indígenas que han presentado denuncias en organismos internacionales por presunta desatención y falta de políticas para prevenir la COVID-19 en sus comunidades.

Posición de comunidades

Al respecto, Vilca remarcó que «siempre la posición de las comunidades ha sido que lo hagamos, con los protocolos, en los lugares necesarios».

«Estamos en esa tarea de avanzar y estamos programando nuestros próximos eventos, no hay un tema de poder hacer la consulta; la consulta-consulta, en sí, va a ser in situ», reiteró.

Además, el viceministro de Hidrocarburos, Víctor Murillo, agregó que una situación similar se dará con el Lote 192 de petróleo, ubicado en la región amazónica de Loreto, donde también se está «avanzando» para que la consulta sea presencial.

«Se ha tenido un avance importante, con algunas dificultades; sin embargo la pandemia empezó y por lo mismo esto se detuvo», sostuvo Murillo antes de decir que se han «visto por convenientes las reuniones presenciales apenas sea posible que pudieran reactivarse».

El viceministro anotó que las autoridades del Ejecutivo son «muy conscientes» de la situación y están «apostando para que esta consulta culmine de todos modos» antes de continuar con los pasos previstos para que el Lote 192 sea asumido por la petrolera estatal Petroperu, que actualmente lo ha dado en explotación a Frontera Energy.

El Lote 192, que se encuentra en la provincia del Datem del Marañón, puede llegar a producir hasta 12,000 barriles de crudo al día, los cuales son enviados hasta la costa norte peruana por un ramal del Oleoducto Norperuano.

Dificultad de acceso a internet
Las organizaciones indígenas también rechazaron cualquier posibilidad de una consulta virtual por considerar que un proceso de ese tipo sería poco transparente, ya que la conexión por los canales virtuales en sus territorios es muy deficiente o nula.

Consideraron, además, que una consulta de este tipo quebraría varios fundamentos esenciales de los derechos consagrados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que las poblaciones nativas necesitan del contacto directo “para establecer un diálogo intercultural adecuado y fiable con el Estado y otros actores”.

Gold Fields, manteniendo su compromiso en la lucha contra la COVID-19, y resguardando la salud y seguridad de sus trabajadores, contratistas y sus vecinos de su zona de influencia directa e indirecta, ha implementado un protocolo de bioseguridad. En este contexto del coronavirus, este protocolo busca un relacionamiento comunitario transparente y respetuoso cumpliendo normas y recomendaciones para reducir cualquier tipo de contagio y la propagación de esta pandemia.

Entre las principales medidas, elaboradas con asesoramiento de especialistas en salud y seguridad, destacan el uso obligatorio de mascarillas y de implementos de higiene; la distancia entre personas y sobre todo la realización de reuniones y coordinaciones a través de llamadas, videollamadas, whapsapp u otro medio. Las de reuniones presenciales deberán realizarse sólo en caso de ser necesarias y cumpliendo los protocolos de seguridad y salud establecidos, para el bienestar de todos.

Como bien se sabe, los especialistas recomiendan evitar saludos con contacto físico de todo tipo, como darse la mano o abrazos. Este protocolo indica que solo el personal de Gold Fields puede trasladarse en camionetas de la compañía. Además, se recomienda evitar compartir pertenencias personales.

Estas y otras recomendaciones forman parte del nuevo protocolo de relacionamiento, el mismo que está alineado a las normas vigentes dictadas por las autoridades de salud del Gobierno. Con ello, Gold Fields hace un llamado a toda la población y grupos de interés a no bajar la guardia en la prevención y cuidado de la salud y a respetar los protocolos para poder convivir de manera segura en la nueva normalidad.

“Seamos honestos con nosotros mismos, con nuestros familiares, vecinos y comunidades”, destacó la compañía.

Según el reciente informe del Proyecto del Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), la minería ilegal de oro en los ríos de la Amazonía peruana se ha visto reducida tras la intervención de las fuerzas del orden en La Pampa (la meca del oro ilegal de Perú) pero no lo suficiente como para desaparecer por completo, pues algunos mineros ilegales han seguido operando incluso durante la cuarentena.

Cane indicar que MAAP detectó la pérdida de casi 800 hectáreas de bosques a causa de la minería ilegal desde que en febrero de 2019 comenzó en La Pampa la Operación Mercurio, la mayor intervención de la historia de Perú contra los mineros ilegales.

Solo en los dos primeros meses de la cuarentena decretada en Perú contra la Covid-19 los mineros ilegales arrasaron con 80 hectáreas de selva amazónica, publicó Gestión.

“Aunque la tasa de deforestación minera ha disminuido, la actividad ilegal continua incluso durante la pandemia”, confirmó este miércoles a Efe el director del MAAP, Matt Finer.

Esta superficie deforestada se encuentra en la región de Madre de Dios, que hace de frontera de Perú con Bolivia y Brasil, alrededor de varias reservas naturales donde se concentran grandes campamentos de mineros ilegales, entre ellos La Pampa, que en los últimos años ha depredado unas 8,000 hectáreas de selva.

-En los límites de reservas naturales-
El estudio del MAAP, una iniciativa de la organización Conservación Amazónica, determinó que la Operación Mercurio redujo un 92% la deforestación por minería ilegal en La Pampa, que se encuentra en el río Malinowski, dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y del Parque Nacional Bahuaja Sonene, un espacio donde esta actividad está prohibida.

Antes de la intervención militar, la minería ilegal avanzaba en La Pampa a una velocidad de 173 hectáreas por mes, mientras que ahora lo hace a un ritmo de 14 hectáreas por mes.

Dentro de la misma Reserva Nacional de Tambopata los mineros ilegales arrasaban un promedio de 6,5 hectáreas al mes y ahora ese avance se ha reducido a apenas 0,9 hectáreas tras la Operación Mercurio.

Más arriba, en la zona del Alto Malinowski, el avance de la minería ilegal disminuyó en un 53 % al pasar de 61 hectáreas depredadas cada mes a un promedio de 28 después de febrero de 2019.

“Es un escenario de buena y mala noticia. Lo bueno es que, en general, la deforestación por minería ilegal de oro está disminuyendo en el sur de la Amazonía peruana debido a la Operación Mercurio”, aseguró Finer.

“La mala noticia es que la minería ilegal continúa ocurriendo en numerosos sitios en una vasta área. Hay zonas que siguen muy amenazadas”, añadió.

-Mineros deplazados-
Varios medios locales denunciaron en los últimos meses que los mineros de La Pampa se habían desplazado a otras zonas donde la presencia de las fuerzas del orden no era permanente.

La investigación del MAAP, realizada con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), registró un incremento de la deforestación por minería ilegal en varias zonas.

Eso prueba una migración de los mineros de La Pampa a otros puntos ricos en oro de la región de Madre de Dios, aunque el aumento de deforestación en esas áreas no llega al nivel crítico que se daba en La Pampa antes de su intervención.

Así, en la zona del Apaylon, más abajo del mismo río Malinowski, se pasó de un promedio de 2,9 hectáreas deforestadas por mes a 4, lo que supone un incremento del 41 % desde el inicio de la Operación Mercurio.

Un fenómeno similar se vive en Pariamanú, una zona en el río Las Piedras de bosques amazónicos primarios, donde la depredación selvática de los mineros ilegales pasó de 2,5 a 4,2 hectáreas por mes, un 70 % más que antes del gran operativo.

-Operativos deben seguir-
Para Finer, “es muy importante mantener un plan estratégico para enfrentar la amenaza constante de minería ilegal en el sur de la Amazonía peruana” y evitar así que recupere la intensidad que tenía en 2017 y 2018 o que se apropie de nuevos espacios.

La minería ilegal es uno de los principales causantes de la deforestación de la Amazonía peruana, que desde 2001 ha perdido 2,3 millones de hectáreas de bosques, una superficie equivalente a la extensión de El Salvador.

Su actividad produce además un enorme impacto medioambiental al utilizar mercurio y otros metales pesados para separar el oro extraído de la tierra, lo que contamina las aguas de los ríos donde se asientan cientos de comunidades indígenas.