Personal naval de la Capitanía de Puerto Maldonado, en la región Madre de Dios, realizó en lo que va del año 46 interdicciones, en las que se destruyeron 218 dragas, 148 motores y 121 bombas de succión utilizadas por mineros ilegales que han seguido operando incluso durante el estado de emergencia por el covid-19, informó la Marina de Guerra del Perú.

Dentro de las zonas intervenidas están “Tres Islas”, “Chorrillos”, “Huantúpac”, “Playa Luna”, “Laberinto”, ubicadas en el río Madre de Dios; así como en los ríos Las Piedras, Pariamanu, y las playas la Cachuela, Túpac y Bayón, precisó.

“La minería ilegal es una práctica clandestina que devasta el ecosistema natural de nuestro país y su accionar no se ha detenido ni durante el estado de emergencia nacional. Por ello, el trabajo de represión por parte de la Marina de Guerra del Perú no ha descansado”, remarcó la institución castrense.

Sostuvo que las dragas instaladas por mineros ilegales son consideradas dañinas para los ríos y la selva, dado que succionan lo más puro de la naturaleza. «Es por eso que el trabajo de la Autoridad Marítima es constante y vital para la preservación de nuestro medio ambiente”, enfatizó la Marina de Guerra del Perú.

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En una de sus últimas presentaciones públicas, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, señaló que sí es posible avanzar con los procesos de consulta previa de manera virtual.
Alva se refirió de manera explícita sobre el proyecto San Gabriel, a cargo de la compañía Buenaventura. La ministra señaló que este proyecto puede avanzar a través de mecanismos virtuales, a excepción de la última etapa en la que el diálogo deberá ser de manera física.

“Ya se ha activado la consulta previa con comunidades de Oyo Oyo y Corire, y estamos aplicando esta metodología para el proyecto minero de integración Coroccohuayco”, apuntó la ministra.

¿Es viable realizar la consulta previa de manera virtual sin afectar los derechos de los pueblos originarios y a la vez destrabar la inversión? Gestión.pe conversó con Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y con Gustavo Zambrano, ex director general del Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, quienes dieron sus puntos de vista sobre lo que ocurrirá en las próximas semanas.

“Una preocupación para el sector”

Para De la Flor, de la SNMPE, este tema es “una preocupación muy relevante para el sector”. Según explica, estos procesos deben ser con cuidado para evitar cualquier posibilidad de contagio. Sin embargo, De la Flor señala que hasta el momento solo se ha regulado la posibilidad de utilizar mecanismos virtuales o electrónicos para los procesos de participación ciudadana que son parte de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Esto fue regulado a través del decreto Legislativo 1500, el cual fue promulgado el pasado 10 de mayo.

“La norma que se publicó no resulta aplicable para la consulta previa. Nosotros creemos que la misma lógica debiera definirse. Existe la tecnología para hacerlo y ya se está incorporando dicha mecánica en la participación ciudadana y debería hacerse lo mismo en la consulta previa. Nos va a permitir reactivar los procesos. Lo que necesitamos es que el Ministerio de Energía y Minas emita un decreto supremo en el que se haga extensiva dicha modalidad a la consulta previa”, señala el ejecutivo.

En tal contexto, De La Flor señala que es fundamental permitir la certificación administrativa de manera virtual y encontrar mecanismos que permitan resolver las problemáticas, en medio de la crisis económica que afronta el país por el impacto del COVID-19. Según explicó junto al proyecto San Gabriel, a cargo de Buenaventura y que tiene una consulta previa en desarrollo con cuatro comunidades campesinas de Moquegua, así como el proyecto Integración Coroccohuayco, ubicado en Cusco, para el cual la consulta previa se realizará con unas 14 comunidades campesinas.

“Se necesita consensuar con los pueblos a consultar”

Por su parte, Gustavo Zambrano, ex Director General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio Cultura, sostiene que no hay una necesidad de emitir una legislación especial para hacer virtualmente la consulta previa pues se desprende del Convenio 169 de la OIT que la consulta previa puede realizarse de acuerdo a las realidades y las necesidades del país y los pueblos. Por lo tanto, en esta coyuntura de emergencia sanitaria, es viable utilizar mecanismos virtuales.

Sin embargo, Zambrano explica que la consulta previa tiene siete etapas: identificación de la medida, identificación de los pueblos, publicidad de la medida, información, evaluación interna de los pueblos indígenas, diálogo y decisión. Por lo tanto, aplicar los mecanismos virtuales dependerán de qué se consulte y en qué sector se realice.

“Algunas etapas son trabajo de gabinete que implica la identificación de aquello que se consulta, pero hay etapas en la que es necesario llevar a cabo reuniones para consensuar la metodología para llevar acabo la consulta previa, o informar a los pueblos indígenas. Tendría que evaluarse aquello que es materia de consulta previa y que permitiría el uso de mecanismos virtuales”, sostiene.

Por ejemplo, en el caso del sector hidrocarburos las consultas previas suelen ser con múltiples comunidades indígenas, lo que implica una gran cantidad de reuniones. Un factor que señala se debe tomar en cuenta es la conectividad y el acceso a infraestructura digital por parte de las comunidades, peor aun teniendo en cuenta que en esta coyuntura hay espacios en los que no se pueden cobrar bonos ni acceder a las clases virtuales del Ministerio de Educación.

“En el caso específico de la actividad minera, sí se tiene identificados a los pueblos indígenas. El tema es la etapa de información que apunta a que los pueblos indígenas reciban información oportuna y adecuada para el diálogo. Si van a utilizar medios virtuales, sería en la etapa de información. Lo que tiene que garantizar el Minem con el Mincul es que las comunidades cuenten con el soporte tecnológico suficiente para poder informarse de manera virtual. El Ministerio de Energía y Minas tiene que responder si es que va a contar con capacidades tecnológicas para hacer los talleres informativos”, señala Zambrano.

Sin embargo, Zambrano no descarta, a pesar de las circunstancias, realizar reuniones físicas siempre y cuando se tomen las medidas necesarias y se establezcan protocolos sanitarios para realizarlas. Por ejemplo, Zambrano plantea realizar reuniones físicas en las que acudan funcionarios del Estado con kits de seguridad y con exámenes previos de descarte de COVID-19 para de tal manera evitar cualquier posibilidad de contagio en las comunidades.

“La virtualidad es una posibilidad, pero no debería verse como la única salida. En algunos casos va a tener que verse equipos de funcionarios que cuenten con pruebas rápidas o moleculares ya realizadas y kits de protección para que cada cierto tiempo puedan entrar. La virtualidad te puede ayudar en algunos casos, pero yo diría que se debería tomar una línea de acción en la que estén libres de generar algún tipo de contagio. En una reunión informativa puedes juntar a 20 o 30 comuneros y la preocupación debe ser que ese funcionario no contagie a los comuneros. Garanticemos que ese funcionario esté sano”, sostiene el experto en temas sociales.

Aun así, con este panorama y ante las declaraciones de la ministra, la incertidumbre sobre cómo aplicar la consulta previa durante la pandemia permanece pues no se ha emitido ninguna norma que especifique en qué casos se podrá utilizar la metodología virtual.

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El Perú pasa por la peor recesión desde la Guerra con Chile. Y para colmo, no solamente tenemos que lidiar con problemas económicos y de salud, sino también con el riesgo que implica un nuevo proceso electoral en 2021. Debemos reflexionar friamente sobre como salir de este hoyo.

La población, hoy más que nunca, evalúa el manejo económico y político del gobierno. La población, a través del Congreso, ha exigido subsidios, liberación de sus fondos que administran las AFPs, congelamiento del pago de principal e intereses de deuda, solidaridad del sector privado, entre otros. ¿Por qué exige esto?. Básicamente porque hemos tenido casi 2 décadas de crecimiento sostenido, donde mal que bien, el modelo económico no ha variado y donde la disciplina fiscal junto con las inversiones privadas locales y extranjeras han contribuido a tener algo de ahorros. No nos ponemos a pensar que la “exigencia” de hoy es basicamente una consecuencia de la forma como se ha manejado la economía. Paradójicamente, ahora, la población (representada por el Congreso) quiere que se modifiquen partes importantes de este sistema.

Es importante recordar cómo es que Perú llegó a crecer de manera sostenida. Lo que tuvimos fue básicamente un lineamiento “macro” de como manejar las finanzas del país. Un marco general que permitiese que las inversiones circulen sin problemas y que en el camino, el Gobierno pueda generar ahorros gracias a una mayor recaudación. Ahora, es cierto también que la corrupción bloqueó un mayor crecimiento.

El factor “exogeno” que ningún Gobierno pudo (ni puede) predecir es como se va a comportar el resto del mundo y sus respectivas economías y eso justamente jugó a nuestro favor durante la decada 2005-2015. Tuvimos mucha suerte en tener una producción sostenida de cobre y al mismo tiempo gozar del ultimo gran rally del precio del cobre. Siempre tengan presente que somos el  2do productor de cobre en el mundo (en el 2019 produjimos 2.5MM TMF, osea el 12% de la oferta mundial. Chile es #1 con 5.6MM TMF).

Queda claro que el cobre no tiene afinidad política ni menos jefe. Ningún presidente decide tener buenos precios. Pero ojo, lo que si podemos decidir, es estar preparados para sacar provecho a un ciclo favorable. Cuando crecimos mas? Cuando Alan Garcia fue Presidente. Apenas inició su Gobierno el cobre pasó de $1.68 lb a $3.09 lb (+80%). Un cambio sorpresivo en el mercado de  obre generó esta ventana de oportunidad para Perú (ojo que el Zinc también jugó un partido importante, pero es el Cobre el que gatilló grander proyectos). El gran logro del gobierno de turno fue básicamente sotener los grandes lineamientos económicos y continuar con el fomento a la inversión privada. La prueba de fuego fue la crisis sub-prime del año 2008. La sacamos barata gracias a que los precios de los metales corrigieron rápidamente al alza.

El gobierno de Humala básicamente se sostuvo gracias a la inercia de inversiones. Como es natural en todo ciclo, los precios altos permiten a las grandes empresas generar caja y luego, con esa misma caja, generar mas inversiones. Acá vale la pena corregir a aquellos que dicen que las grandes empresas mineras se llevan la plata del país. Yo me pregunto, a donde se la llevan?. A  invertir en otras jurisdicciones? No creo, ya que el gran atractivo minero continúa estando en Perú. Esto quedó demostrado en el gobierno de Humala, donde se tuvo uno de los mas grandes flujos  de la historia de inversiones en minería, justamente luego de gozar varios años de buenos precios. El dinero ganado fue reinvertido en el Perú, en nuevos proyectos.

Gracias al despligue de inversiones realizado durante el Gobierno de Humala, se pudo DUPLICAR la producción de cobre en nuestro país. Siembro entre el 2011-2015 y cosecho entre el 2016- 2019.

• Las Bambas (inversión US$ 10,000 MM, producción actual 382,524 TM)
• Ampliación Cerro Verde (inversión US$ 4,600 MM, producción actual
473,980 TM)
• Constancia (inversión US$ 1,800 MM, producción actual 113,910 TM)
• Toromocho (inversión US$ 3,500 MM, producción actual 190,014 TM)

Si bien, a partir de 2013, los precios del metal se deprimieron, la situación pudo ser balanceada con un mejor nivel de producción y el crecimiento del PBI se mantuvo en terreno positivo. Notese  ue en el 2018, la subida del precio del cobre pudo generar un impacto positivo en nuestro PBI. No obstante el 2019 volvimos a tener una caida del precio y nuestro PBI cayó nuevamente. Que  hubiese sucedido si Tia María/Conga/Santa Ana hubiesen estado produciendo? Tal vez el PBI no hubiese sufrido tanto el año pasado. Los procesos de inversión traen un efecto multiplicador  tremendo a las economías.

Otra forma de medir la performance de nuestra economía es a través de nuestra bolsa de valores. El grafico creo que se explica por si sólo. Tenemos una alta correlación con el precio del cobre. La  razón de esta correlación ocurre por distintas razones. Una de ellas es porque tenemos a dos de las productoras mas grandes del mundo listadas: Southern y Cerro Verde.  Acá también vale la pena  aclarar que la exposición a Zinc también es relevante (somos productores #2 de Zinc en el mundo, igual que el Cobre). Lo segundo es porque existe un efecto cascada transversal a toda la economía. Si hay buenos precios, hay mas inversión, mas despligue en infraestructura y todo eso impacta en distintos sectores económicos: energía, financieras, consumo masivo, construcción.

La inversión en minería no es menor. Los grandes proyectos, sobretodo aquellos de cobre, requieren inversiones masivas y contrataciones de todo tipo. Por eso, una subida del precio del cobre,  puede un anticipo de lo que vendrá en nuestra bolsa y en general, en nuestra economía.

Eso si, no podemos esperar bienestar futuro si no tenemos proyectos que estén en construcción, o activos productivos paralizados por bloqueos en carreteras o permisos retenidos por la burocracia  el mismo gobierno. Aquel que pone una piedra en la carretera debe ser consiente que está afectando una cadena de pago interminable de empresas, desde el agricultor que provee con  productos a la empresa minera hasta las microfinancieras que financian con capital de trabajo a distintos emprendimientos. Así como 1 empleo minero genera 6.25x empleos, cada paralización  tiene el efecto inverso.

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