Por Decreto Supremo N° 015-2020-EM, publicado en el diario oficial El Peruano, se amplió el plazo que tienen los mineros en vías de formalización para presentar información y cumplir los requisitos para su permanencia en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

El Decreto Supremo, que fue impulsado por el Ministerio de Energía y Minas, posterga hasta el 31 de diciembre próximo el plazo para que los mineros inscritos en el REINFO puedan presentar el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), acreditar su inscripción en el RUC en renta de tercera categoría y la actividad económica de minería, así como su producción semestral.

El cumplimiento de esas condiciones para la permanencia en el REINFO estaba previsto para este mes; pero, ante las dificultades generados por el estado de emergencia nacional declarado por la pandemia de COVID-19, el Gobierno optó por dar un mayor plazo que redundará en el fortalecimiento del proceso que permite a los mineros insertarse a la formalidad, impulsando así la economía de sus localidades, bajo un enfoque de respeto al medio ambiente y salud de las personas.

Recientemente Southern Peru Copper Corporation, una de las compañías de cobre más grandes del mundo, anunció su decisión de proseguir con su vigente cartera de inversiones, valorizada en más de US$ 8,000 millones de dólares, para llevar a cabo diversos proyectos mineros en nuestro país.

Entre estos importantes emprendimientos dicha empresa contempla a Tía María (Arequipa), Los Chancas (Apurímac), Michiquillay (Cajamarca), Ampliación de Cuajone (Moquegua) y una nueva fundición (Ilo), que forma parte de su propuesta de integración vertical para el refinado de cobre.

Más allá de esta difícil coyuntura generada por el Covid-19, esta decisión refleja, por un lado, la confianza de los inversionistas en nuestro país -que ha mantenido una situación macroeconómica sólida y un importante grado de inversión- y, por el otro, la enorme expectativa que sigue existiendo en torno al cobre.

Y es que los proyectos cupríferos representan una gran ventaja para un país, ya que son proyectos de larga vida a diferencia de los proyectos de oro, que si bien tienen un periodo de maduración más rápido, son de corta duración. Claros ejemplos de minas de cobre son Cuajone y Toquepala, con 44 y 60 años de producción, respectivamente.

Además de ello, los proyectos de cobre permiten a los países contar con una proyección de largo plazo en términos de ingresos fiscales. Permiten tener más recursos para invertir en el desarrollo de las poblaciones. Es decir, generan mayor estabilidad y predictibilidad, lo cual es beneficioso.

En ese sentido, es necesario que reflexionemos como país al respecto, sobre todo en un escenario adverso donde las aportaciones a nivel general vienen disminuyendo dramáticamente. Según la Sunat, en mayo del 2020, la recaudación del impuesto a la renta de las empresas cayó 66.2%, su nivel más bajo en quince años (S/ 430 millones).

Si bien estos indicadores se irán recuperando gradualmente, es evidente que la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros aceleraría nuestra recuperación económica y fiscal en los próximos años. De estos emprendimientos mineros, el 70% son inversiones de cobre y representan una gran oportunidad para el país.

De otro lado, esta semana se dio a conocer el informe final de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, encargada de proponer reformas para el mejor desarrollo de nuestra minería. Este informe -que saludamos- estuvo listo a mediados de febrero del 2020, pero fue recientemente publicado en la web de la PCM.

Si bien es cierto, este documento reconoce la necesidad de actualizar la Ley General de Minería (con casi 30 años de antigüedad) para atender los requerimientos de la minería moderna, consideramos que este no sería el momento idóneo para llevar adelante una medida de tal relevancia. Ello debido a la crisis social y económica que se vive en nuestro país producto de la pandemia, pero sobre todo por el ruido político que genera inestabilidad e incertidumbre.

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Compañía Minera Antamina, uno de los mayores productores peruanos de concentrados de cobre y zinc, prevé invertir más de S/. 730 millones en Obras por Impuestos en la región Áncash, entre el 2020 y 2021, con el propósito de contribuir a la reactivación territorial de dicha región, en el marco de la crisis generada por el Covid 19.

Así lo informó Dario Zegarra, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antamina, en el marco del Jueves Minero Virtual, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), donde participó como expositor junto a un destacado panel de especialistas.

Refirió que dicho monto contempla la ejecución de 24 nuevos proyectos enfocados en el mejoramiento de la educación, saneamiento, salud y riego, que se suman a las diversas iniciativas que viene ejecutando Antamina para lograr el cierre de brechas productivas y sociales en Áncash.

Antamina cuenta con un portafolio de Obras por Impuestos de S/. 1028 millones comprometidos, de los cuales ha ejecutado S/. 330 millones a la fecha. “Este portafolio se robustece y sentimos que Obras por Impuestos se suma como un mecanismo de reactivación territorial también”, indicó.

Zegarra refirió que Antamina pasaría de 2,108, 542 jornales generados a más de 3,800, 000 hacia el próximo año, lo cual impactaría positivamente en la generación de empleo en la región Áncash.

Señaló que uno de los principales propósitos de Antamina es impulsar la competitividad territorial, la cual considera es el eslabón que conecta competitividad minera con la sostenibilidad social, que son los puntales de la minería moderna.

“Esa competitividad minera -que hoy la medimos a través del Índice Fraser y el Índice de Competitividad Minera-y la sostenibilidad social, medida por el Índice de Desarrollo Humano (IDH), sentimos que está conectada y se refuerza con la competitividad territorial”,apuntó.

Añadió que el cierre de brechas sociales y productivas permiten el acercamiento hacia la competitividad territorial. “Si es que logramos la diversificación productiva y la mejora de la calidad educativa y de salud pública, estamos avanzando hacia la sostenibilidad social”, afirmó.

Zegarra también precisó que desde el 2013 Compañía Minera Antamina viene aplicando el enfoque multiactor público – privado, a través del que prioriza intervenciones en salud, educación, desarrollo económico y fortalecimiento de la gestión local.

Con este enfoque multiactor público privado busca no solo apuntar hacia la competitividad territorial, sino también a construir un tejido de confianza y fortalecimiento de relaciones entre los distintos actores. “Para nosotros ese tejido sostiene el desarrollo. ese tejido es la institucionalidad”, finalizó.

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