Recientemente Southern Peru Copper Corporation, una de las compañías de cobre más grandes del mundo, anunció su decisión de proseguir con su vigente cartera de inversiones, valorizada en más de US$ 8,000 millones de dólares, para llevar a cabo diversos proyectos mineros en nuestro país.
Entre estos importantes emprendimientos dicha empresa contempla a Tía María (Arequipa), Los Chancas (Apurímac), Michiquillay (Cajamarca), Ampliación de Cuajone (Moquegua) y una nueva fundición (Ilo), que forma parte de su propuesta de integración vertical para el refinado de cobre.
Más allá de esta difícil coyuntura generada por el Covid-19, esta decisión refleja, por un lado, la confianza de los inversionistas en nuestro país -que ha mantenido una situación macroeconómica sólida y un importante grado de inversión- y, por el otro, la enorme expectativa que sigue existiendo en torno al cobre.
Y es que los proyectos cupríferos representan una gran ventaja para un país, ya que son proyectos de larga vida a diferencia de los proyectos de oro, que si bien tienen un periodo de maduración más rápido, son de corta duración. Claros ejemplos de minas de cobre son Cuajone y Toquepala, con 44 y 60 años de producción, respectivamente.
Además de ello, los proyectos de cobre permiten a los países contar con una proyección de largo plazo en términos de ingresos fiscales. Permiten tener más recursos para invertir en el desarrollo de las poblaciones. Es decir, generan mayor estabilidad y predictibilidad, lo cual es beneficioso.
En ese sentido, es necesario que reflexionemos como país al respecto, sobre todo en un escenario adverso donde las aportaciones a nivel general vienen disminuyendo dramáticamente. Según la Sunat, en mayo del 2020, la recaudación del impuesto a la renta de las empresas cayó 66.2%, su nivel más bajo en quince años (S/ 430 millones).
Si bien estos indicadores se irán recuperando gradualmente, es evidente que la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros aceleraría nuestra recuperación económica y fiscal en los próximos años. De estos emprendimientos mineros, el 70% son inversiones de cobre y representan una gran oportunidad para el país.
De otro lado, esta semana se dio a conocer el informe final de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, encargada de proponer reformas para el mejor desarrollo de nuestra minería. Este informe -que saludamos- estuvo listo a mediados de febrero del 2020, pero fue recientemente publicado en la web de la PCM.
Si bien es cierto, este documento reconoce la necesidad de actualizar la Ley General de Minería (con casi 30 años de antigüedad) para atender los requerimientos de la minería moderna, consideramos que este no sería el momento idóneo para llevar adelante una medida de tal relevancia. Ello debido a la crisis social y económica que se vive en nuestro país producto de la pandemia, pero sobre todo por el ruido político que genera inestabilidad e incertidumbre.
*foto referencial
(BQO)
