Con el objetivo de sacar adelante los proyectos mineros que puedan estar detenidos por un problema social, el viceministro de Economía, Mario Arróspide, comentó que priorizarán una cartera de obras de infraestructura básica en esas zonas donde se ha determinado un potencial minero. Estas obras se ejecutarían mediante el esquema de PMO (oficinas de gestión de proyectos, por sus siglas en inglés).

Para Orlando Marchesi, socio principal de PwC, el mecanismo es bueno, pero habría que definir varios puntos. “Lo que habría que preguntar es quién ejecutaría el PMO, si sería Gobierno a Gobierno o Gobierno con sector privado. Por las necesidades de la infraestructura peruana, no podemos esperar que todo se haga Gobierno a Gobierno. Si fuera Gobierno a Gobierno, el otro Estado no puede negociar con un gobierno regional o local”, advirtió.

Comentó que, de igual manera, es importante ver soluciones porque la falta de ejecución se ha vuelto un riesgo para la sostenibilidad de la minería. Recordó que, antes de 2011, mediante un fondo voluntario, las empresas ejecutaron varios proyectos sociales, pero de baja complejidad.

“Parecería, en evidencia, que los mejores resultados vienen de aquellos casos en que las mismas empresas privadas tienen una participación más activa en la ejecución. Claramente, no camina cuando el que ejecuta es el Gobierno, por eso una alta cantidad del canon regresa cada año sin ejecutarse. Entonces, lo primero sería atraer al Estado gente bien capacitada”, opinó.

Los problemas del canon y las brechas

De acuerdo con Roxana Barrantes, economista e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), las dificultades de ejecución de los recursos también pasan por el diseño de los esquemas de distribución como el canon minero.

“El problema del canon hasta la fecha es que ha tenido resultados muy mixtos, depende mucho de la autoridad local elegida y se tiende a reproducir una suerte de centralismo donde las capitales de distrito son las que reciben las obras, gastos y los centro poblados que no son capital de distrito reciben poco o nada”, explicó.

Agregó que, por la misma dinámica de la actividad, recién cuando empiezan a operar los proyectos es cuando se tienen recursos para distribuir y para ello, pueden pasar varios años. También consideró que el Estado debe tener más presencia desde el inicio de los proyectos y comprometerse a un plan de cierre de brechas, que no dependa de la actividad minera.

“El Ejecutivo sería más creíble en el tema si se comprometiera a un programa de reducción de brechas enfocándose en zonas donde las brechas son mayores y no preocuparse solo cuando se tiene un proyecto”, explicó.

*foto referencial

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó una norma que suspende la obligación que tiene ese sector de realizar inspecciones a las obras de infraestructura que realizan las empresas mineras en sus proyectos, y que es el paso previo para autorizar su puesta en marcha.

Para el efecto, dictó el DS 024, que modifica el reglamento de Procedimientos Mineros, y dispone suspender tales inspecciones que realiza in situ el Minem, de manera excepcional, mientras dure el estado de emergencia sanitaria en el país.

Ángel Chávez, socio del área de minería del Estudio Payet, explicó a Gestión que esa norma, en la práctica, permite que, eximiéndose de la inspección previa del Minem a sus instalaciones, las empresas mineras puedan poner en funcionamiento obras de infraestructura ya concluidas y que estaban a la espera de poner en marcha desde que se declaro el estado de emergencia.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó los índices de distribución del canon minero proveniente del Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.

Así lo estableció a través de la Resolución Ministerial N° 270-2020-EF/50 publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La norma precisa la aprobación de los Índices de Distribución del Canon Minero proveniente del Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, a ser aplicados a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales beneficiados.

Los beneficiados se encuentran en el anexo de la presente Resolución Ministerial que se publica en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef).

La norma refiere que la Ley Nº 27506, Ley de Canon, determina los recursos naturales cuya explotación genera canon y regula su distribución en favor de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales de las zonas donde se exploten dichos recursos naturales.

Asimismo, el artículo 9 de la Ley Nº 27506, señala que el Canon Minero está constituido por el 50% (cincuenta por ciento) del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la actividad minera, por el aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos.

El numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley Nº 27506, establece los porcentajes para la distribución del Canon Minero a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales de acuerdo a los índices de distribución que fije el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en base a criterios de población y necesidades básicas insatisfechas.

La norma lleva la rúbrica de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi.

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Fruto del diálogo y coordinación promovido por el Gobierno entre la población de la provincia cusqueña de Espinar, sus autoridades y la empresa privada, así como del soporte brindado al Comité de Gestión del Convenio Marco de Espinar (CGCME), anoche se firmó el contrato con la empresa Edenred, que fue seleccionada para distribuir 44 mil tarjetas multiuso por un valor de S/ 1,000, en beneficio de los ciudadanos de esta localidad.

Al respecto, el ministro de Energía y Minas Miguel Inchaustegui, ratificó que este mes se iniciará la entrega de las tarjetas multiuso que servirán para comprar productos de primera necesidad, medicinas, ropa; pagar los servicios públicos, pensiones escolares, entre otros.

“El Gobierno, representado por mi despacho y el Ministerio de la Producción (Produce), sigue desplegando esfuerzos para que se concrete pronto la entrega de este beneficio de índole social que será financiado con recursos del Convenio Marco”, destacó.

El contrato fue suscrito por representantes del CGCME y de la empresa Edenred, se espera que hoy haga lo propio el alcalde de Espinar, Lolo Arenas, y la empresa minera Antapaccay.

Por su parte, el contrato con la empresa logística elegida para participará en el proyecto, Virso, será enviado el miércoles 16 para que sea firmado por el comité de gestión y los demás actores involucrados.

La entrega de las tarjetas multiuso aliviará la situación económica de las familias espinarenses y ayudará a reactivar los negocios locales, cumpliendo así uno de los principales compromisos alcanzados a inicios de agosto, con la intermediación del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La elección de Edenred y Virso fue realizada, de forma informada y transparente, por el CGCME. Las tarjetas multiuso podrán ser utilizadas en todos los comercios locales que cuenten con un medio de pago digital, explicó Miguel Incháustegui.

El Ministerio de la Producción, por su parte, promoverá la formalización de los emprendimientos y negocios locales a través de asesorías en el uso de las herramientas digitales que les permitirán atender la demanda de los beneficiados con las tarjetas.

El titular del Minem afirmó que el Gobierno mantendrá el acompañamiento a los siguientes pasos de la entrega del beneficio a fin de asegurar la transparencia. “Estamos cumpliendo los compromisos asumidos en los espacios de diálogo y demostrando que es posible encontrar soluciones sostenibles y consensuadas a las preocupaciones y demandas de la población”, manifestó.

Asimismo, señaló que, en paralelo, se está avanzando con los demás compromisos asumidos y que se abordará, en diversas reuniones de trabajo, la agenda fijada en la Mesa de Diálogo de la provincia de Espinar.

*foto cortesía

La Unidad Minera Constancia, ubicada en la provincia cusqueña de Chumbivilcas y operada por Hudbay Perú, se ha convertido en la primera mina del Perú en obtener la Certificación SAFEGUARD de Bureau Veritas, una prestigiosa empresa internacional de certificación.

Esta certificación de bioseguridad garantiza que Constancia cumple a cabalidad con todos los protocolos de su plan de vigilancia Covid-19. Bureau Veritas llegó a esta conclusión tras una exhaustiva auditoría de las políticas y procedimientos de la mina.

“El sello de protección es concedido a sitios específicos de un negocio donde todas sus políticas y procedimientos están alineados con los requerimientos de la regulación local, buena higiene, políticas de salud y seguridad que apoyan a la mitigación de la propagación del SARS CoV2 (Causa del COVID-19)”, señala la certificación de Bureau Veritas.

Desde antes del inicio de la pandemia, Hudbay realizó acciones inmediatas para proteger la salud de todos quienes trabajan en la Unidad Minera Constancia, así como de la población de las comunidades cercanas. Los protocolos han ido más allá de lo que establece la ley, contemplando períodos de cuarentena preventiva, el desarrollo de pruebas de descarte previo al traslado a mina y al salir de ella, entre otras medidas que han permitido identificar oportunamente posibles casos positivos, manteniendo a la Unidad Minera Constancia libre de casos a la fecha.

Dentro de las medidas implementadas en la Unidad Minera, la auditora destaca:

● Aplicación de pruebas de tamizaje que incluyen pruebas rápidas y moleculares que se realizan siguiendo una estrategia que incrementa la capacidad de detección de trabajadores en hoteles de cuarentena previo al ingreso a la Unidad Minera.
● Unidad médica implementada con una sala de traumashock, zona de aislamiento diferenciado, ventilador mecánico y ambulancias, la cual se encuentra en una zona aislada y cuenta con personal de salud entrenado para identificar, aislar, tratar y referir casos sospechosos.
● Implementación de 60 puntos de lavado y desinfección de manos en la unidad. Además, cada trabajador cuenta con alcohol gel de uso individual con recargas ilimitadas.
● El funcionamiento de actividades mínimas esenciales, lo cual ha generado que 208 trabajadores estén realizando trabajo remoto.
● Uso de equipos de protección respiratoria y escudos faciales de forma permanente y obligatoria.
● Cumplimiento de estrictos protocolos de limpieza y desinfección.
● Inducción y capacitaciones virtuales de los procesos de bioseguridad, medidas de distanciamiento social y buenas prácticas de higiene.

Constancia buscará renovar esta certificación en febrero de 2021, fecha en que vence su vigencia, para que sus trabajadores, contratistas y las comunidades vecinas sigan teniendo la garantía de que operan con la máxima seguridad posible.