ECONOMÍA. Entre el 2009 y 2014 se han registrado cambios significativos en el Perú en términos económicos y sociales, observándose un crecimiento económico acumulado de 32.4 por ciento y una tasa de expansión promedio anual de 5.8 por ciento, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
.
En dicho período la población con empleo adecuado aumentó en 32.7 por ciento y el ingreso real promedio se incrementó en 14.4 por ciento.

Por otro lado, mejoró el acceso de los hogares a los servicios básicos a nivel nacional como luz eléctrica en 6.5 puntos porcentuales, agua potable en 11.1 y desagüe en 4.9 puntos porcentuales.

Asimismo, creció el acceso de los hogares a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) como telefonía celular en 17.9 puntos porcentuales e Internet en 12.5 puntos porcentuales.

En el mismo período, en educación, la tasa neta de asistencia escolar inicial se incrementó en 10.9 puntos porcentuales y en salud hubo un crecimiento de 8.5 puntos porcentuales respecto a la población con algún seguro de salud y en 3.4 puntos porcentuales la población afiliada a EsSalud.

Asimismo, las Condiciones de Vida y Pobreza se redujo en 10.8 puntos porcentuales entre el 2009 y 2014, siendo mayor esta reducción en el área rural (-20.7 puntos).

El jefe del INEI, Aníbal Sánchez, presentó los resultados del Mapa de Pobreza Provincial y Distrital correspondiente al año 2013.

Fuente: Andina

ECONOMÍA. El reciente informe «Las Concesiones de Infraestructura en el Perú: Diagnóstico y Retos», que fue presentado por el Gremio de Infraestructura, Edificaciones e Ingeniería de la CCL, indica que para el desarrollo de Asociaciones Público Privadas, el Perú tiene dos elementos que resultan atractivos para los inversionistas: las facilidades financieras (72.2 detrás de Chile igualando a Brasil y México); y su clima de inversiones (con un puntaje de 80 detrás de Chile y Uruguay).

Sin embargo, de acuerdo al estudio que fue encomendado al Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, el Perú también debe enfrentar grandes desafíos, entre los cuales el principal consiste en eliminar las trabas o barreras burocráticas que están limitando y retrasando la ejecución de los procesos de concesión.

Bajo ese contexto y considerando que es oportuno para el Perú impulsar la inversión, la Cámara de Comercio de Lima presentó algunas propuestas que debieran aplicarse en un corto, mediano y largo plazo, para impulsar el desarrollo de las concesiones que se han quedado detenidas.

SITUACIÓN DE LAS APP
De acuerdo al estudio, entre enero de 1995 y diciembre de 2014, los tres niveles de gobierno han adjudicado al sector privado un total de 125 contratos de concesión para la prestación de servicios y construcción de infraestructura pública, los que involucran una inversión comprometida de 82,5 mil millones de soles.

A la fecha, de los 27 proyectos adjudicados entre enero 2008 y abril 2014 (que comprenden una inversión de 15 mil millones de dólares), 17 concesiones aún no inician obras, que abarcan una inversión de 7.6 mil millones de dólares; lo que significa que más de la mitad de los proyectos están detenidos.

PROPUESTAS DE LA CCL
Para la CCL es indispensable que los ministerios, gobiernos regionales y municipalidades cumplan con lo establecido en la Ley, para ordenar y reducir las licencias, permisos y otros trámites burocráticos que están entorpeciendo las concesiones, para lo cual que se revisen los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos -TUPA y el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos agilizar el CIRA, entre otros.

Asimismo, para impulsar el interés de los inversionistas se propone dar incentivos a la presentación de iniciativas privadas autosostenibles, por lo cual se sugiere iniciar conceder un puntaje adicional a aquella empresa que haya creado y propuesto el proyecto, así como también se hace necesario elevar el financiamiento para infraestructura, para lo que se recomienda incrementar la deuda pública en infraestructura a través de un mayor cofinanciamiento sin alterar el porcentaje de deuda pública respecto del PBI.

Como se sabe en los últimos tres años, a nivel nacional, regional y local, el porcentaje de inversión pública que se ha dejado de ejecutar es cercano al 30%, por lo que se sugiere que aquellos montos no ejecutados puedan ser reasignados y utilizados en proyectos de infraestructura.

Entre otros aspectos también se propone crear una unidad de administración de contratos en sectores sin reguladores, y que se elabore un Plan Nacional de Infraestructura a un plazo mínimo de 10 años, el cual debe ser revisado periódicamente. “Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de infraestructura sostenible es la ausencia de un Plan Nacional que esté integrado con las necesidades logísticas y con la visión estratégica de crecimiento del país”, señaló Roberto Urrunaga, coordinador del área de Regulación, Infraestructura y Competencia de la Universidad del Pacífico.

Fuente: Prensa CCL

ECONOMÍA. Con el objetivo de evitar futuros conflictos con las poblaciones del área de influencia, ahora las entidades financieras peruanas estarán obligadas a evaluar los riesgos sociales y ambientales antes de financiar un proyecto.

Así lo establece una reciente normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la cual fija esta obligación a partir de marzo del 2016 para todos los proyectos que requieran de una inversión mayor a US$ 10 millones.

La norma de la SBS señala que la evaluación establecerá niveles de riesgo socio ambiental: bajo, medio y alto. De ser el último caso, la entidad financiera podría denegar el financiamiento del proyecto.

También se pueden acordar -entre la entidad financiera y el cliente- medidas de gestión en el corto y mediano plazo para reducir los niveles de riesgo.

Al respecto la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, ente impulsor de esta regulación que promueve ‘inversiones sostenibles’, saludó la medida tomada en el Perú, pues indica que ayudará a reducir los conflictos socioambientales.

“La idea es reducir los riesgos socioambientales con los estudios previos. Creo que será una ventaja tanto para las entidades financieras, para las empresas que hacen el proyecto como para la población en general”, resaltó Marcos Brujis, director global de instituciones financieras de la IFC del Banco Mundial.

Agregó que este tipo de regulación ya se utiliza en varios paises, a recomendación del Banco Mundial.

“Si yo mañana doy un crédito a una mina. Y esa mina en diez años contaminó a una población. Toda esa poblacion a venir a reclamar y toda esa ganancia que tuvo la empresa se irá en juicios y problemas sociales que dañarán la reputacion de la institución”, refirió Brujis.

Asimismo, descartó que se generen excesivos sobrecostos para las entidades financieras a tener de que realizar esa evaluación previa.

“Puede ser un costo en el corto plazo que se compensará en el largo plazo. Esta norma no la vemos como una barrera para las inversiones, sino como protección para que las instituciones no asuman riesgos de larga cola”, anotó.

Fuente: Gestión