La formalización es un imperativo moral y social, y una estrategia crucial para mejorar la equidad tributaria y promover un crecimiento económico más inclusivo.

Por: Denisse Ordoñez, Tax & Advisory Director de KPMG en Perú.

Hablar de minería es mencionar uno de los pilares fundamentales en la economía peruana, ya que representa una de las principales fuentes de ingresos por exportaciones y una significativa contribución al Producto Bruto Interno (PBI).

Sin embargo, el sector enfrenta desafíos importantes -entre otros- disminuir los niveles de participación en la economía de la minería no formal que, incluye a la minería informal y la ilegal, para fines de este artículo. Iniciar un proceso serio de formalización y/o erradicación de la minería no formal no solo es necesario para mejorar las condiciones laborales y ambientales en las
zonas donde se desarrollan, sino que también es crucial para integrar a este grupo en la economía formal, optimizando la recaudación fiscal y promoviendo un desarrollo sostenible. Es así como la formalización se convierte en un paso esencial para fortalecer la economía y asegurar un crecimiento inclusivo.

Si bien, el Estado peruano inició un proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal hace más de 20 años con la promulgación de la Ley No. 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, la misma ha sido un profundo fracaso. Complementando el proceso de formalización que inició el Estado en el año 2002, se promulgó en diciembre de 2016 el Decreto Legislativo No. 1293 que declaró de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, a través de referido decreto se creó el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal, así como, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El 83% de mineros de la pequeña minería y minería artesanal, a pesar de estar en el Reinfo, no han cumplido con mantener su inscripción vigente y solo 11,101 han logrado su formalización.

El objetivo de la creación del Reinfo era integrar los registros que se tenían vigentes a esa fecha y que este se encontrará a cargo del Ministerio de Energía y Minas, así como, incentivar el proceso de inscripción al mismo de los sujetos que se dedicaban a la actividad de la pequeña minería y minería artesanal y, que de manera progresiva inicien su proceso de formalización a partir del cumplimiento de una serie de condiciones adicionales establecidas por otras normas que complementaban las acciones del paso dado en el 2002.

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Transcurrido más de siete (7) años de su creación, a febrero de 2024, según el informe de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) denominado “Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú” de marzo de 2024 publicado en su página web, el referido registro contaba con 87,082 mineros registrados, de los cuales sólo 14,766 contaban con inscripción vigente, mientras que 72,316 tenían su inscripción bajo la condición de suspendida.

Es decir, el 83% de mineros dedicados a la pequeña minería y minería artesanal, a pesar de estar inscritos en el Reinfo, no han cumplido con los requisitos para mantener su inscripción vigente y solo 11,101 ha logrado su formalización. El plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal dispuesta por el decreto legislativo antes mencionado culmina el 31 de diciembre de 2024.

Ahora bien, según datos del informe de la SNMPE citado previamente, al cierre del año 2022, la producción no formal de oro representó el 39.3% del total del volumen exportado de dicho mineral. En esa línea, el costo fiscal de la minería aurífera no formal para el año 2022 fue de S/ 1,562 millones compuesta por regalías mineras (55.4%) e impuestos mineros (44.6%), en otras palabras, el Estado habría dejado de recaudar dicha suma.

Si bien, estas cifras llaman poderosamente la atención y tienen un gran impacto en la economía y en la caja fiscal del Estado, no se compara en mi opinión con los estragos que ocasiona dicha actividad en el ámbito social y el impacto medio ambiental. En efecto, según el referido informe de la SNMPE, en el año 2020 se han perdido 200,000 hectáreas de bosques, la tasa más alta de los últimos 20 años.

Es bajo este contexto donde la formalización de la minería no formal se convierte en una necesidad imperiosa. Formalizar a los mineros no formales no solo implica incorporarlos en un marco legal que proteja al medioambiente y a los trabajadores, sino que también tiene un impacto directo en la capacidad del Estado para recaudar impuestos ampliando la base tributaria de contribuyentes y fortaleciendo la economía nacional brindándoles acceso a mercados más grandes, financiamiento y tecnología.

La formalización es, por tanto, no solo un imperativo moral y social, sino también una estrategia crucial para mejorar la equidad tributaria y promover un crecimiento económico más inclusivo.

Desde el rol que tenemos como proveedores de servicios profesionales de Auditoría, Tributarios y Legales y de Asesoría, abordamos los desafíos de la formalización con una visión integral, un
enfoque multidisciplinario, el cual combina conocimiento técnico, experiencia regulatoria y entendimiento de las complejidades del sector minero.

Asimismo, consideramos esencial el trabajo conjunto y articulado del Estado (y sus distintas dependencias) con los actores que forman parte de esta cadena productiva, a fin de incentivar la
formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales y erradicar la minería ilegal con el objeto de reducir el impacto nociva que esta produce.