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Mina de uranio en Utah recibe aprobación exprés bajo la administración Trump

Por
Rolando Alza
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Buffalo uranio

El proyecto Velvet-Wood, ubicado en el condado de San Juan, contempla la extracción de uranio, utilizado tanto en la generación de energía nuclear como en la fabricación de armamento.

La administración del expresidente Donald Trump aprobó el pasado viernes el proyecto minero Velvet-Wood, propuesto por la empresa canadiense Anfield Energy, en el estado de Utah. La aprobación se dio tras una revisión ambiental acelerada de apenas 14 días, como parte de un nuevo proceso diseñado para agilizar la concesión de permisos a proyectos energéticos y mineros.

Normalmente, estos estudios ambientales pueden tardar años debido al alto impacto potencial de la minería de uranio en el entorno natural.

Velvet-Wood es el primer proyecto aprobado bajo un procedimiento de emergencia implementado por el Departamento del Interior para autorizar infraestructuras energéticas en terrenos federales. Esta medida responde a la declaración de emergencia energética nacional emitida por Trump en su primer día de mandato, en enero, con el objetivo de fortalecer el suministro energético del país, reducir los precios del combustible y reforzar la seguridad nacional.

Según documentos del Departamento del Interior, Anfield presentó su plan de operaciones el 1 de abril.

“La aprobación de este proyecto marca un punto de inflexión en la forma en que aseguramos el futuro minero de Estados Unidos”, declaró el secretario del Interior, Doug Burgum. “Al acelerar la revisión de proyectos críticos como Velvet-Wood, reducimos nuestra dependencia de países adversarios y garantizamos que nuestros sectores militar, médico y energético tengan acceso a los recursos necesarios para prosperar. Esto es seguridad minera en acción”.

Galio Quebec

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El proyecto Velvet-Wood, ubicado en el condado de San Juan, contempla la extracción de uranio —utilizado tanto en la generación de energía nuclear como en la fabricación de armamento— y vanadio, un metal empleado en la producción de baterías y en el fortalecimiento de acero y otras aleaciones. La mina se establecerá en el sitio de una antigua operación minera.

De Piura a Madre de Dios: son 10 zonas donde avanza la minería ilegal y podrían convertirse en la próxima Pataz

Por
Rumbo Minero
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En lo que va de 2025, las fiscalías ambientales han abierto 702 investigaciones por minería ilegal y delitos conexos. (Foto: MINEM)

Sapillica (Piura), Condorcanqui (Amazonas), La Pampa (Madre de Dios), Arequipa, Cajamarca, Ayacucho, Ucayali, Loreto, Lambayeque y Cusco. Estas son las principales zonas identificadas por el Ministerio Público donde la minería ilegal avanza de forma alarmante, sin control estatal efectivo, y con riesgo de violencia comparable a lo vivido en Pataz, La Libertad.

“Existen al menos 10 potenciales Pataz. No han tenido la misma visibilidad porque no ha habido masacres, pero enfrentan riesgos similares”, advirtió Frank Robert Almanza Altamirano, fiscal superior y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), a El Comercio.

El caso de Madre de Dios es uno de los más graves: más de 102 mil hectáreas han sido deforestadas por minería ilegal, y solo entre 2021 y septiembre de 2023 se perdieron 23.881 hectáreas en el corredor minero. En enero pasado, se hallaron cinco cadáveres en el “Valle del Castigo”, zona dominada por mafias que brindan “seguridad” a operaciones ilegales.

En Condorcanqui, región Amazonas, la minería ilegal de oro pone en peligro a comunidades nativas awajún. Se estima que a diario salen ilegalmente 100 toneladas de material aurífero hacia Ecuador. “Desde hace dos años, siete comunidades están directamente afectadas en la cuenca del río Cenepa”, señala el fiscal.

Sin embargo, pese a la gravedad del problema, las fiscalías ambientales no cuentan con presupuesto suficiente para intervenir. “No tenemos chalupas ni brújulas, ni linternas, ni bolsas de dormir. Este año no se ha designado presupuesto para las FEMA”, denunció Almanza.

La falta de recursos se agrava con los vacíos legales. El Código Penal peruano, a través del artículo 307-A, solo sanciona la extracción sin autorización, pero deja impune etapas clave como el transporte, almacenamiento, comercialización y exportación del oro ilegal. “Cuando capturas un camión con material ilegal, dicen que la conducta es atípica”, explica.

En lo que va de 2025, las fiscalías ambientales han abierto 702 investigaciones por minería ilegal y delitos conexos. En 2024 fueron 3.048. Pero solo 10 casos corresponden al delito de financiamiento (307-C) y 286 al tráfico de insumos (307-E). El fiscal alerta también que no pueden intervenir en plantas de procesamiento o joyerías donde se “blanquea” el oro, ya que esas actividades no están tipificadas como minería ilegal.

El abogado penalista Augusto Linares, por su parte, advirtió que el sistema de control es débil y politizado. “No puede depender de las DREM. La supervisión debe estar en manos de un órgano autónomo, no de gobiernos regionales que responden a votantes que pueden ser mineros informales”, señala.

Aunque el reciente Decreto Supremo N.º 009-2025-EM obliga a las plantas de beneficio a registrar el origen del oro, la trazabilidad sigue siendo limitada. Además, el Congreso no aprueba una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, mientras que cambios legislativos recientes debilitan aún más la lucha contra el crimen organizado.

“Con la nueva ley, prácticamente nos quitaron la extinción de dominio y elevaron la valla para investigar minería ilegal como crimen organizado. Estamos quedándonos sin herramientas”, concluyó Almanza.

Canadá renovará lazos con industria energética

Por
Rolando Alza
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Galio Quebec

El ministro señaló que su objetivo es acelerar proyectos de interés nacional que impulsen al país como una superpotencia tanto en energía tradicional como limpia.

El nuevo Ministro de Recursos Naturales de Canadá, Tim Hodgson, aseguró que acelerará la aprobación de grandes proyectos energéticos, en un giro que ha sido recibido con optimismo por parte del sector petrolero y gasífero del país. En su primer discurso en Calgary como parte del gabinete del primer ministro Mark Carney, Hodgson afirmó que Canadá dejará de ser sinónimo de retrasos regulatorios, destacando su compromiso con resultados concretos y decisiones en plazos más breves.

Hodgson, ex ejecutivo de Goldman Sachs y diputado por Toronto, manifestó que será una voz representativa del oeste canadiense, epicentro de la industria energética. Afirmó que buscará mejorar los lazos entre Ottawa y el sector, que durante el gobierno de Justin Trudeau enfrentó fricciones por un enfoque más centrado en la acción climática que en el desarrollo económico. El nuevo gobierno busca diversificar los mercados de exportación de energía en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos.

El ministro señaló que su objetivo es acelerar proyectos de interés nacional que impulsen a Canadá como una superpotencia tanto en energía tradicional como limpia. Entre sus anuncios destacó la eliminación de revisiones quinquenales, prometiendo decisiones en un máximo de dos años. Además, subrayó la necesidad de infraestructura para exportar petróleo más allá de EE. UU., con el argumento de que el crudo canadiense producido responsablemente puede reemplazar al de regímenes autoritarios.

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Hodgson también abordó la necesidad de colaboración entre el gobierno federal, Alberta y la industria para avanzar en un proyecto clave de captura y almacenamiento de carbono en las arenas petrolíferas. Este proyecto, valorado en 16.000 millones de dólares canadienses, busca reducir las emisiones del sector, aunque actualmente enfrenta trabas en las negociaciones con ambos niveles de gobierno.

El discurso generó reacciones positivas entre los líderes del sector. John Whelan, director ejecutivo de Imperial Oil, expresó que el nuevo tono de colaboración es bienvenido. Por su parte, Kendall Dilling, presidente del consorcio Pathways Alliance detrás del proyecto de captura de carbono, se mostró optimista sobre el futuro del plan bajo la nueva administración.

Mineros informales de Pataz con REINFO ligados a APP, Somos Perú, Podemos y otros

Por
Adrian Moscoso
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Casi 10 millones de soles en deuda coactiva. (Foto: MINEM)

Una preocupante convergencia entre minería informal y política partidaria en la provincia de Pataz, La Libertad, salió a la luz. Según el informe periodístico de Cuarto Poder, al menos 168 mineros con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) tienen afiliación activa a partidos políticos, muchos de los cuales se preparan para competir en las próximas elecciones.

El cruce de datos sobre los 1174 mineros registrados en Pataz permitió identificar que el 26.7% están afiliados a Alianza para el Progreso (APP), seguido por Un Camino Diferente (12.5%), Bicentenario La Libertad (11.3%), Somos Perú (8.9%) y Podemos Perú (7.7%). Estas agrupaciones concentran buena parte del poder político en una zona marcada por la minería informal, la violencia y el tráfico de oro.

Uno de los casos más representativos es el de Octavio Rabanal, exasesor del entonces gobernador regional de APP, Luis Valdez. En paralelo a sus funciones públicas, solicitó y obtuvo una concesión de 500 hectáreas en Tayabamba, trámite que fue aprobado de manera exprés y firmado por un funcionario ligado al actual ministro de Transportes. Hoy, Rabanal figura en el REINFO y su empresa tiene luz verde para operar.

Otro nombre ligado a APP es el de Justo Antenor Villalobos, quien movilizó más de 800 toneladas de mineral, valorizadas en más de 3.8 millones de dólares en oro solo entre enero y agosto de 2024, utilizando sus volquetes registrados.

Además de su peso político, muchos de estos mineros arrastran deudas millonarias con el Estado. En esa línea, se detectó casi 10 millones de soles en deuda coactiva entre personas y empresas de la zona con REINFO activo. Entre los principales deudores figuran:

  • AQUAFAUNA PERÚ S.A.C. – S/ 3,832,430
  • Villalobos Salirrosas – S/ 2,506,270
  • Inversiones Isabel Lubra E.I.R.L. – S/ 1,261,717

“Estos deudores no deberían formar parte del REINFO”, advirtió el abogado ambientalista Helmut Olivera, señalando la contradicción entre las normas vigentes y su aplicación en campo.

El exalcalde de Trujillo Arturo Fernández, ahora líder de Un Camino Diferente, ha cobrado fuerza en Pataz. A pesar de haber sido vacado por difamación y entregado a la justicia en marzo, su agrupación – inscrita en abril – ya es la segunda con más mineros afiliados en esta convulsa región. Su discurso polarizante incluye propuestas como el indulto a exgobernadores presos y el uso de “reservistas” para recuperar el orden en la zona.

Bicentenario La Libertad, Somos Perú y Podemos Perú también tienen presencia minera. En el caso de Somos Perú, su precandidato Juan Carlos La Rosa Toro, exalcalde por tres periodos, mantiene su registro en el REINFO. Mientras que en Podemos Perú, destacan dirigentes de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA PATAZ), como José Torrealva, cuyo transporte habría movilizado cerca de 4 millones de dólares en mineral en 2024.

La relación entre minería informal y poder político en Pataz revela una fórmula conocida: concesiones rápidas, deudas impagas y estructuras partidarias que se entrelazan con actividades irregulares, generando un complejo entramado que compromete tanto la legalidad como la gobernabilidad en una de las zonas auríferas más conflictivas del país.

SNMPE: El ministro Montero tiene que ser coherente y cerrar el Reinfo el 30 de junio

Por
Rolando Alza
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Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Torreblanca subrayó la urgencia de marcar un punto de inflexión tras los trágicos sucesos en Pataz.

La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, expresó su profunda preocupación frente a recientes disposiciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem) que podrían debilitar el proceso de formalización minera, e hizo un llamado firme al ministro Jorge Montero a actuar con coherencia y respetar el compromiso de cerrar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) el 30 de junio.

“Desde 2017 sabíamos que existía la posibilidad de transmisión del Reinfo por herencia. No entendemos por qué el Minem introduce este detalle justo cuando está por vencer el plazo de inscripción y adecuación en el Reinfo. Esto solo genera confusión y debilita el proceso”, señaló Torreblanca. Añadió que las recientes prórrogas de 45 y 90 días para ciertos trámites contradicen el discurso oficial de cerrar el Reinfo, un mecanismo que ha sido utilizado como escudo por la minería ilegal, incrementando la criminalidad y los conflictos sociales.

Torreblanca subrayó la urgencia de marcar un punto de inflexión tras los trágicos sucesos en Pataz. “El Estado en su conjunto —Minem, MEF, Minam, Sunat, Osinergmin, OEFA y Sunafil— debe asumir su rol. El Minem, como ente rector del Sistema de Formalización de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (SIPMMA), tiene la responsabilidad de liderar la fiscalización, no de delegarla a gobiernos regionales que ya no tienen competencia para ello.”

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Respecto al Reinfo, reiteró que no puede considerarse como un derecho real ni heredable: “No es como una casa o una concesión. Es una inscripción dentro de un proceso de formalización. No tiene sentido heredar un RUC o una licencia de conducir, y lo mismo aplica aquí.”

La líder gremial insistió en la necesidad de que la futura Ley MAPE sea una herramienta técnica, no política, que fije reglas claras para el cumplimiento de obligaciones ambientales y tributarias. “Los regímenes temporales no pueden perpetuarse. Quienes no cumplan con el proceso de formalización no deben seguir operando”, enfatizó.

Asimismo, llamó a cerrar el Reinfo, fortalecer la supervisión de la ruta del mineral y mejorar el control de la cadena de valor. “Sunat y la UIF deben tener un rol más activo. No podemos seguir tolerando situaciones absurdas como Reinfos en plazas públicas, registros a nombre de fallecidos o miles de RUC sin control. Esto se puede depurar fácilmente con herramientas tecnológicas. Lo que falta es voluntad política”, advirtió.

Finalmente, Torreblanca propuso un pacto electoral previo al 2026, mediante el cual los partidos políticos se comprometan a no apoyar la minería ilegal ni a candidatos vinculados a mafias. “La minería ilegal no es ancestral ni legítima, es una amenaza a la seguridad nacional. Es hora de ponerle freno”, concluyó.

Minería ilegal: Fiscalía detiene a presuntos integrantes de la red criminal “Los Intis”

Por
Kevin Hinostroza
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Fiscalía Intis
Se logró la detención preliminar judicial de Darwin Samaniego, Jesús Baca, Irving Domínguez y Adrián López. Foto: Ministerio Público.

Los hechos ilícitos se habrían perpetrado en el contexto de un conflicto entre zonas mineras ubicadas en la provincia de Caravelí, Arequipa.

El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, a cargo de la fiscal provincial María Alejandra Cabana Ocsa, ejecutó el operativo de allanamiento, detención e incautación contra presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Intis’, dedicada a los delitos de tenencia ilegal de armas y municiones, así como cohecho pasivo propio.

Como resultado de la diligencia se logró la detención preliminar judicial de Darwin Samaniego, Jesús Baca, Irving Domínguez y Adrián López. Asimismo, se procedió a la detención en flagrancia delictiva de Patricia Robles, exconviviente del investigado Adalberto Mego.

Los hechos ilícitos se habrían perpetrado en el contexto de un conflicto entre zonas mineras ubicadas en la provincia de Caravelí, Arequipa.

Arequipa minería

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Más detalles

Asimismo, se allanó nueve inmuebles vinculados a los imputados y se incautó elementos relevantes para la investigación. Entre ellos: tres armas de corto y largo alcance, S/ 104 560, $ 118 729, 11 celulares, 209 municiones, 7 casquillos percutados, una carabina de caza, 6 cacerinas, una camioneta, entre objetos que habrían sido utilizados para los fines de la organización delictiva.

Según las pesquisas, un grupo de asociaciones mineras que operan en el referido lugar se habrían proveído de armas de corto y largo alcance, así como municiones, más allá del límite superado, desde el 2020.

Para estos actos ilícitos, la organización criminal habría contado con la participación de un exservidor público de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) con el fin de cometer usurpación agravada de superficies entregadas en concesión minera u ocupadas por terceros para continuar con la actividad extractiva, la conspiración al sicariato, el suministro de armas de fuego a personas contratadas para desalojar a asociaciones rivales, entre otros actos delictivos, para dedicarse a las actividades mineras. Incluso, no se descarta que se hayan dedicado a la minería ilegal.

Ofensiva contra la minería ilegal: intervienen 12 bocaminas y 5 plantas de procesamiento en Pataz, Madre de Dios, Ucayali y Puno

Por
Adrian Moscoso
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La ofensiva contra la minería ilegal se intensifica a nivel nacional. En una serie de operativos coordinados por el Comando Unificado —conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP)— se asestó un duro golpe a esta actividad ilícita en la provincia de Pataz, región La Libertad. Solo en el sector de Suyubamba, fueron intervenidas 12 bocaminas y cinco plantas de procesamiento, valorizadas en más de 36.5 millones de soles.

Estas acciones, ejecutadas bajo el estado de emergencia vigente en Pataz, contaron con la participación de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, el Ejército, el Ministerio Público, el Minem, Sucamec y otras entidades. El premier Eduardo Arana, quien supervisó las operaciones, aseguró que “el Estado se impondrá sobre la criminalidad organizada que ha derramado sangre inocente”.

En paralelo, también se realizaron acciones contra delitos conexos. Se detuvo a seis personas por explotación sexual y a dos por tenencia ilegal de armas en el distrito de Pataz. La provincia permanece bajo inmovilización social de 6 p.m. a 6 a.m., con patrullaje y control militar.

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, anunció la instalación de tres puestos de control en Shicún, Calquiche y Pamparacra, para bloquear el ingreso de insumos y equipos a zonas de extracción ilegal. Además, personal militar y policial ha iniciado entrenamientos especializados para ingresar con seguridad a socavones y minas ilegales.

La lucha también se extiende a la selva. En Madre de Dios, la Marina de Guerra destruyó 12 balsas, seis motores y 200 galones de combustible en el río Madre de Dios, valorizados en 477,900 soles. En Ucayali, en el río Pachitea, fue destruida una draga por 208,085 soles.

En Puno, la PNP intervino un campamento ilegal en Phara (Sandia), decomisando maquinaria pesada, explosivos y combustibles valorizados en 2 millones de soles. En La Rinconada, se recuperó una bocamina usurpada cerca de la frontera con Bolivia.

Todas estas operaciones se desarrollan en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y reflejan la decisión del Ejecutivo de erradicar la minería ilegal y sus redes criminales asociadas.

JP Morgan proyecta caída del 15% en su banca de inversión para el segundo trimestre, según José Gonzáles

Por
Rolando Alza
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Sostuvo que los activos refugio como el oro mantienen su valor estratégico.

Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase, advirtió esta semana que la entidad financiera más grande del mundo prevé una caída del 15% en las ganancias de su unidad de banca de inversión durante el segundo trimestre del año. Así lo informó José Gonzales, editor internacional de Rumbo Minero América Mining.

Indicó que Dimon, cuya voz tiene un fuerte eco en los mercados financieros globales, señaló que esta caída responde a un entorno económico desafiante, caracterizado por déficits públicos récord en los Estados Unidos, tensiones internacionales y la amenaza de tarifas comerciales que aún no han sido plenamente implementadas.

“Dimon no habla desde el análisis externo, sino desde la experiencia directa de manejar el balance del banco más grande del mundo, el cual revisa diariamente, por ello, sus declaraciones generan reacciones inmediatas en los mercados.” precisó.

Agregó, además de la caída en la banca de inversión, Dimon anticipó un crecimiento muy limitado —de entre 5% y 9%— en las ganancias provenientes de trading y movimiento diario de fondos, mientras que las proyecciones generales de ganancias corporativas podrían desplomarse del 12% estimado inicialmente a apenas 0%.

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Según Gonzáles, este ajuste en las expectativas se da en una semana clave para la economía estadounidense, en la que Moody’s y otras agencias rebajaron la calificación de la deuda soberana del país, señalando preocupaciones sobre el creciente déficit fiscal y el alza del costo de la deuda.

Agregó que Dimon también alertó sobre el riesgo de que Estados Unidos entre en una fase de estanflación, donde la inflación persiste sin crecimiento económico, y criticó la postura complaciente de los bancos centrales frente a estos riesgos.

En este contexto, sostuvo que los activos refugio como el oro mantienen su valor estratégico, mientras que el cobre, aunque en recuperación, podría ver afectadas sus cotizaciones si se cumplen estos pronósticos en el segundo trimestre.

Sheput sobre Reinfo: “Debe ser el único país en que un dispositivo legal sirve para consolidar a la delincuencia”

Por
Gabriela Llontop
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Exministro de Trabajo y excongresista Juan Sheput

El exministro y excongresista Juan Sheput lanzó duras críticas al Ejecutivo y al Congreso por su permisividad con la minería ilegal e informal, advirtiendo que la anunciada ampliación del Reinfo es una medida impulsada por intereses criminales que ya han penetrado el aparato estatal. “Conociendo de qué manera está permeado este gobierno, porque es evidente que está impregnado de dinero ilegal y de influencia de los sectores ilegales, yo creo que sin ninguna duda van a ampliarlo (el Reinfo) hasta el mes de diciembre”, declaró en exclusiva para Rumbo Minero.

Sheput también denunció el silencio cómplice del Congreso frente a una normativa que, según indicó, consolida la ilegalidad desde el propio marco legal. “A mí lo que me llama la atención es que ninguno de los congresistas diga nada de ese tema. Este debe ser el único país en el mundo en que un dispositivo legal sirve para consolidar a la delincuencia”, sentenció.

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La gravedad de la situación, advirtió, radica en que las mafias ya no operan únicamente desde las sombras. “Estamos en una situación realmente muy grave. Acá hay un proceso donde se ha permeado no solamente el Ejecutivo, sino también el Legislativo”, señaló Sheput. Citando al narcotraficante Pablo Escobar, Sheput ilustró cómo el verdadero poder se ejerce desde el Congreso: “Él claramente dice (en la serie) no me interesa ser presidente, queremos estar en el Congreso. Ahi puedes hacer un lobby mucho más directo, inclusive amenazar”.

Respecto a la salida de José Salardi del Ministerio de Economía y Finanzas, Sheput fue tajante. “Sin ninguna duda, en el caso de José Salardi, la salida no solamente ha sido abrupta, innecesaria, sino sobre todo grotesca, porque era una persona que estaba trabajando muy bien al frente del Ministerio de Economía y Finanzas”, afirmó. Según explicó, el detonante fue su propuesta para eliminar 14 programas presupuestales sectoriales, medida que fue rechazada por funcionarios con intereses arraigados en los ministerios.

Si cada ministerio cuenta con presupuesto para ejecución presupuestal, “entonces se distorsiona por completo el gasto y sobre todo fomenta la corrupción y empiezan a haber una serie de caciques en cada ministerio”, sostuvo. Defendió la necesidad de una entidad única de infraestructura para centralizar las obras y evitar que “médicos hagan hospitales y profesores hagan colegios”.

Comuneros de Atupa y Antauran toman sede de unidad minera Pierina de Barrick Perú

Por
Kevin Hinostroza
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Comuneros Pierina
Se habrían producido enfrentamientos entre comuneros y fuerzas del orden.

Los comuneros exigen una indemnización de S/ 360 millones por la afectación irreversible de fuentes hídricas.

La madrugada del sábado 24 de mayo de 2025, comuneros de Atupa y Anteuran ingresaron y tomaron las instalaciones de la empresa minera Barrick Perú ubicadas en Jangas (Huaraz – Áncash), como medida de protesta ante lo que consideran un nuevo incumplimiento de acuerdos asumidos.

En la última reunión sostenida con representantes de la empresa, el jueves 22 de mayo, se habría avanzado en la validación de una propuesta económica presentada por los Comités de Usuarios (CUAs), por 360 millones de soles, como forma de indemnización por los impactos acumulados al ecosistema hídrico. Sin embargo, según versiones comunales, la empresa se habría desistido del acuerdo de forma unilateral, generando gran malestar y sensación de burla entre los participantes.

Al momento de la toma, se hizo presente un contingente policial y, según información preliminar, se habrían producido enfrentamientos entre comuneros y fuerzas del orden. No se reportan fallecidos, aunque sí varios heridos leves, según fuentes locales.

Antecedentes

Desde hace más de 28 años, las comunidades de los sectores de Atupa y Anteuran, pertenecientes al distrito de Jangas, vienen denunciando la afectación progresiva de sus fuentes hídricas a raíz de las actividades de exploración minera realizadas por la empresa Barrick Perú.

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Uno de los casos más sensibles es la desaparición total del manantial “Yarko” o también conocido como “Arco de Agua”, el cual abastecía de agua para consumo humano, riego y uso comunitario.

En años anteriores, estos conflictos motivaron la instalación de una Mesa de Diálogo Multisectorial, la cual fue liderada en su momento por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Sin embargo, debido al desacuerdo de los comuneros con el manejo del proceso y la falta de cumplimiento de compromisos, las comunidades decidieron retirarse de dicha mesa, solicitando un espacio bilateral con la empresa.

Es importante mencionar que un primer acuerdo, fue la implementación de un proyecto hídrico, que asegure la dotación del servicio. La empresa realizó los estudios de preinversion y la articulación con el Midagri; sin embargo, los cuales desistieron de continuar con el proyecto y del apoyo de las instituciones como Midagri y el Gore, solicitando la indemnización netamente monetaria.

Demandas de la población

Los comuneros exigen:
• Indemnización de S/ 360 millones por la afectación irreversible de fuentes hídricas.
• Reinstalación de un espacio de diálogo con presencia de altos representantes de la empresa.
• Garantías para el respeto de sus derechos humanos y ambientales durante el proceso de negociación.

Fuente: Oficina General de Gestión Social (Minem) – Equipo Áncash Huánuco.

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