“No es cierto que este decreto termine con los problemas de informalidad, de falta de sindicalización o de afectación a dirigentes sindicales porque esos malos usos ya están prohibidos (por la ley)”, remarcaron desde el gremio.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL), representada por su Comisión de Asuntos Laborales, participó en la Segunda Mesa de Trabajo “Regulación de los servicios de tercerización”, organizada por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, liderada por su presidente, Rosangella Barbarán.
A dicha cita asistieron representantes de los gremios empresariales y dirigentes sindicales del país, quienes dieron a conocer su posición respecto al Decreto Supremo 001-2022-TR, que restringe la tercerización laboral, publicado por el Poder Ejecutivo este año y que entró en vigencia desde el 24 de agosto.
Pedido de la CCL
El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, Mario Pasco, quien asistió a la Mesa de Trabajo como vocero de la Cámara, reiteró el pedido del gremio al Congreso: “que tome cartas en el asunto y deje sin efecto la restricción a la tercerización laboral que impuso el DS 001-2022 TR, y que se deje el escenario a como estaba antes de que se publicara ese decreto para que pueda discutirse de manera amplia en los foros sociales (Consejo Nacional de Trabajo)”.
Asimismo, indicó que el DS está descaminado y no tendrá efecto sobre las afectaciones que sufren muchos trabajadores por la vulneración de sus derechos sociales, debido a que este problema lo genera principalmente la informalidad laboral y el incumplimiento de las normas por parte de algunas empresas; por el contrario, agregó, dicho DS empeorará la posibilidad de que se creen más empleos formales.
“No es cierto que este decreto termine con los problemas de informalidad, de falta de sindicalización o de afectación a dirigentes sindicales porque esos malos usos ya están prohibidos (por la ley). La actividad debe existir, pero regulada. Sabiendo todo eso, las normas sobre tercerización pueden ser mejoradas con mayores controles, para evitar que haya abusos y simulaciones, pero eso no significa prohibir la figura”, explicó Pasco.
En esa misma línea, señaló que el DS es ilegal e inconstitucional, puesto que la distinción alrededor de la actividad principal (nuclear) no existe en la ley y nunca ha estado. Por tanto, la intervención del Estado para impedir que los empresarios peruanos puedan acceder al negocio es ilegítima.
“El DS señala que no se puede tercerizar el núcleo (del negocio), aunque se trate de una empresa de verdad, que tiene recursos propios, trabajadores, que tiene un valor agregado. El Estado está interviniendo en la forma como se organiza la producción de las empresas grandes y pequeñas. El DS es dañino, pues las grandes empresas no serán las afectadas, sino las pequeñas, tercerizadoras, que dan los servicios”, subrayó.
Finalmente, remarcó que la intervención del Estado y el Poder Ejecutivo debe ir encaminada a que se creen empresas, no a prohibirlas y que se debe buscar que se generen puesto de trabajo.
Participantes
Cabe resaltar que entre los participantes de la Mesa de Trabajo del Congreso estuvo el director de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Siguas.
Además, como representantes de los trabajadores asistieron el secretario general de la Confederación General del Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López; el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), Benigno Chirinos; el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), Julio Bazán; y la secretaria general de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), Paola Aliaga.
En tanto, como representantes del sector empresarial, también participaron el vicepresidente de la Asociación de Empresas de Tercerización y Trabajo Temporal del Perú (AETT), Alonso Villacorta; el presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor), Favio León; el gerente general de la Asociación de Empresas Contratistas Mineras del Perú (Acomipe), Carlos Bernal; y la presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú (Pyme Perú), Ana María Choquehuanca.
