A la fecha, las empresas y colectivos mineros han presentado cerca de mil acciones legales, entre acciones populares, acciones de amparo, barreras burocráticas y medidas cautelares, muchas de las cuales han sido favorables a las empresas mineras.
Si el Ejecutivo consigue imponer el decreto supremo D.S. 001-2022-TR, que prohíbe la tercerización laboral en actividades neurálgicas de las empresas, se afectará “el empleo de 70 mil o 80 mil trabajadores porque en minería la tercerización es muy elevada”. Así lo apuntó Carlos Bernal, gerente general de la Asociación de Empresas Contratistas Mineras del Perú (ACOMIPE), institución que aglutina al 70% de la fuerza laboral de la minería nacional.
De los 246.895 trabajadores que laboraban en minería hasta julio último, la gran mayoría, 174.383 (el 70,6%), correspondían a la modalidad de contrata.
La aplicación irrestricta del D.S. 001-2022-TR, puesto en vigor el 23 de agosto pasado, ocasionará que este universo se reduzca a casi la mitad.
“Se sabe por experiencias similares ocurridas en otros países, como Ecuador, Bolivia y México, que las empresas mineras no van a incorporar más de 20% de contratistas en planilla”, apuntó Bernal en diálogo con El Comercio.
Según un reciente sondeo de Apoyo Consultoría, la razón de ello son los mayores costos laborales que se derivan de dicha incorporación, más aún, en un entorno económico adverso como el actual.
Bernal añadió que la aplicación de la norma “va a impactar la gestión de las operaciones mineras, que se encuentran a cargo de los contratistas especializados. Va a trastocar todo, y a incrementar la informalidad porque los contratistas despedidos tendrán que buscar su sustento en la minería informal”.
Por ello, en marzo, ACOMIPE presentó una acción de amparo contra la norma (emitida en febrero).
A la fecha, las empresas y colectivos mineros han presentado cerca de mil acciones legales, entre acciones populares, acciones de amparo, barreras burocráticas y medidas cautelares, muchas de las cuales han sido favorables a las empresas mineras.
Cabe mencionar que la Comisión de Economía del Congreso emitió en julio un dictamen favorable para su derogatoria, que debe ser discutido y votado en el Pleno, apenas se nombra al nuevo presidente o presidenta del Legislativo.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha estimado que existen 2.069 empresas contratistas que se verían impactadas de manera negativa por la decisión del Ejecutivo, incluyendo, a “empresas comunales que han formado las poblaciones vecinas a las unidades mineras”.
