Luis Miguel Castilla, Gonzalo Tamayo y Carlos Herrera Descalzi criticaron la política que planea instaurarse.
Camisea produce gas gracias al cual se genera el 40% de la electricidad que se consume en el país en el Perú, más de 1.2 millones de familias usan gas natural en sus hogares y más de 200.000 autos lo utilizan como combustible (GNV).
Camisea es «solo el productor» del gas natural, no su masificador. Pero un tuit incendiario del expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, puso en la agenda gubernamental la renegociación de Camisea.
Aún nadie conoce qué puntos exactamente busca renegociar el gobierno peruano. Camisea es esencial para la economía nacional. Pero cierto sector del gobierno de Pedro Castillo quiere replicar el modelo boliviano en el Perú. ¿Es esta una idea sensata?
Durante el foro Perú Energía Bicentenario, Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, recordó en el Perú Energía Bicentenario que «hace algunos años» nuestro país contaba con 8.6 TCF de gas natural como reservas mientras que Bolivia presumía de 53 TCF.
«Hoy Bolivia tiene igual cantidad de gas natural o acaso menos que el Perú y, que yo sepa, no tiene a nadie animado a explorar por gas en su territorio, y lo peor es que Argentina tiene Vaca Muerta, uno de los más grandes yacimientos de gas natural, y Brasil ha encontrado cantidades gigantescas del hidrocarburo, y por tanto Bolivia no tendrá a quién venderle gas natural. Francamente no sé qué será de Bolivia», dijo.
En el 2000, el Estado peruano adjudicó la exploración y explotación del depósito Camisea al consorcio hoy compuesto por las empresas Sonatrach, Hunt Oil, Repsol, Tecpetrol, SK Innovation y Pluspetrol.
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El contrato está vigente hasta el 2040. El Consorcio Camisea sostiene que ha promovido y propuesto diferentes alternativas para lograr la llegada del gas natural a todas las familias y rincones del Perú y para esto «es fundamental la promoción de la demanda y la inversión en infraestructura por parte del Estado». El Consorcio Camisea paga regalías (37.24%) e impuestos (30%) al Estado peruano.
«Desde los inicios de la operación y hasta el año 2019, el proyecto ha transferido más de S/40,000 millones al Estado peruano. El Cuzco, en particular, ha recibido más de S/20,000 millones, lo que equivale a más de S/1 millón al día», calcula la empresa.
«Yo no entiendo qué se pretende renegociar, honestamente, pero sin duda hay temas de costo fiscal que se tendrían que asumir», dijo Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director de Videnza Consultores.
Sostuvo además que en el caso de que prosperara una nacionalización de Camisea, el Perú se habría metido en un problema de gestión pues, dijo, Petroperú no tiene la espalda financiera ni la experiencia técnica para gestionar el yacimiento. «Petroperú está absolutamente endeudada como para comenzar a inmiscuirse en estas actividades de riesgo», refirió.
Actualmente en el Perú hay reservas de gas natural suficientes para abastecer a más de 20 millones de hogares, «cifra que excede largamente los 8 millones de hogares en el país, descontando lo que se exporta».
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La exportación del gas de Camisea ha generado un ingreso a las arcas estatales de US$4,300 millones en regalías. También indican que, a pesar de ello, solo del Lote 88, el 25% del gas natural que se extrae del subsuelo debe ser reinyectado al reservorio dado que «no existe suficiente demanda en el mercado local».
Replicar el modelo boliviano en el Perú, idea defendida por el ala más radical del gobierno, solo haría más hondo y profundo el pozo de tragedias económicas del país. Para Gonzalo Tamayo, socio director de Macroconsult y exministro de Energía y Minas, el Perú tiene un «muy serio» problema de ausencia de inversiones exitosas en exploración de hidrocarburos y «la replicación del modelo boliviano solo profundizaría más el problema nacional» de reservas.
«En los últimos cinco años hemos tenido 12 ministros de Energía y Minas y, por tanto, planear una solución energética de largo plazo es muy complejo y la energía es una inversión y un asunto de largo plazo», indicó Tamayo.
Además del gas natural (metano), Camisea produce el 75% del gas licuado de petróleo o GLP (butano) que demanda el país; el resto es importado y está sujeto a las variaciones internacionales.
El precio del gas natural al mercado local, en «boca de pozo», está regulado y figura entre los más baratos del planeta. Con todo, el precio del GLP, producto derivado de los líquidos del gas y destinado al balón de gas, está compuesto en casi un 60% por lo que cobran los comercializadores, distribuidores y mayoristas.
Herrera Descalzi refirió que el plan primigenio con Camisea era paulatinamente ya no depender del petróleo, «eso se buscaba, era un ideal, pero no imposible, pero nunca cumplimos. Partimos con una idea, y acabamos con otra».
El Perú actualmente importa el 25% del GLP y más del 70% del diésel que consume diariamente. Para el exministro, la masificación del gas natural para uso domiciliario (otro asunto es el gas natural para energía eléctrica) ha fracasado porque, salvo Lima, no hay más mercados.
Con relación a la construcción de una planta de fraccionamiento en el Cusco, Herrara Descalzi dijo que es la misma región la que debe «meterse la mano al bolsillo» porque Cusco es «una región privilegiada que recibe la mitad del canon y regalías que genera Camisea pero quiere que la inversión la hagamos con la otra mitad que es para todo el Perú».
Con respecto a la masificación, Luis Miguel Castilla cree que esta ha fracasado «porque no hay suficiente demanda” y si la masificación «fuera una inversión pura y dura, no pasaría los criterios mínimos de rentabilidad económica”.
«El drama de las provincias es la falta de grandes consumidores», añadió Castilla.
También sostuvo que la inclusión del GLP en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) es «un subsidio ciego» que beneficia a todos, ricos y pobres, cuando debería beneficiar solo a estos últimos. «Y una vez que los combustibles entran a este tipo de mecanismos, es muy difícil que salgan».
Para el exministro, hay en el gobierno una extendida creencia de que «todo se puede solucionar con deuda y no es así». A juicio de Tamayo, el FEPC podría desnaturalizarse y ambicionar controlar también el precio del diésel.
