El analista señaló, por otro lado, que la CIDH no tomó en cuenta que la minería formal peruana promueve la práctica de una actividad responsable e inteligente en el sector.
En el bloque internacional de Rumbo Minero TV, José Gonzales señaló que en Perú preocupa que la negociación de acceso a las tierras y el proceso de consulta previa tome más tiempo de los plazos legales, según la Encuesta Anual de Empresas Mineras del 2022 del Instituto Fraser.
La Encuesta Fraser detalló que los encuestados expresaron su preocupación sobre la estabilidad política, la disponibilidad de habilidades laborales del país (+21 puntos), el régimen tributario (+18 puntos) y la incertidumbre sobre disputas y reclamos de tierras (+18 puntos).
Plaza atractiva
El documento reveló también que el Perú subió ocho posiciones en el ranking de competitividad minera mundial, para quedar en el puesto 34, superando a Chile que está en el 35. Colombia (36) y México (37) se han quedado atrás.
“Perú ha subido al puesto 34 de 62 jurisdicciones en el Índice de Atractivo para Inversiones, aunque su puntaje ha disminuido de 61.64 a 60.68”, dijo.
Recordó que “en el 2021, Perú ocupó el puesto 42 de 84 jurisdicciones”.
“A pesar de la mejora, Perú se mantiene en la mitad de la tabla del ranking de atractivo para la inversión minera”, anotó.
En el Índice de Percepción de Políticas (IPP), Perú se ubica en el puesto 47, debajo de Chile, Bolivia, México, Ecuador y algunas provincias de Argentina.
“Si bien las evaluaciones geológicas y económicas siempre son requisitos para la exploración, el clima político de las regiones ha cobrado mayor importancia para atraer y ganar inversión”, comentó.
El analista de Wall Street mencionó que sobre el potencial mineral de las jurisdicciones, Perú se ubica en el puesto 19, “asumiendo que sus políticas se basan en mejores prácticas (es decir, entorno regulatorio de clase mundial, impuestos altamente competitivos, sin política riesgo o incertidumbre, y un régimen minero totalmente estable)”.
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“Modelo extractivista”
Respecto al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde señala que la “economía peruana está basada, primordialmente, en un modelo extractivista”, Gonzales señaló que la institución internacional precisa revisar sus criterios.
“La CIDH emplea una noción académicamente amplia e indeterminada que hace referencia a saqueo, acumulación, concentración y devastación (Acosta 2016) que son contrarios a la Minería Formal Peruana imbuida en los principios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG)”, sostuvo.
En Rumbo Minero TV indicó que la noción de “extractivismo” se deriva de la palabra en portugués que hacía referencia a la explotación forestal en Brasil en los 90 y esta “cargada” de criterios y valoraciones vinculadas a prácticas de explotación en recursos naturales que han evolucionado significativamente en las últimas dos décadas.
Agregó que en última instancia la “noción de extractivismo”, se trata de una discusión académica en las facultades de Ciencias Políticas en los Estados Unidos y América Latina, que conlleva un legado de prácticas, acciones y dinámicas que han evolucionado, en lo que se refiere a la minería formal.
Frente a ello, Gonzales refirió que la CIDH no tomó en cuenta que la minería formal peruana promueve la práctica de una actividad responsable e inteligente en el sector.
“El tema con las nociones que se derivan de aportes académicos, que tiene valor teórico incuestionable es que no son necesariamente realistas ni terminan de entender la importancia de los minerales críticos en las economías del siglo XXI en el marco de políticas ASG”, concluyó.
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