La minería fue la cuarta fuente de ingresos de Ecuador el año pasado, por detrás del petróleo, el banano y el camarón.
El Tribunal Constitucional de Ecuador ha suspendido temporalmente el decreto del Presidente Guillermo Lasso por el que se permitían las consultas medioambientales para proyectos mineros y petrolíferos, que pretendía acelerar la concesión de permisos antes de que finalice su mandato este mes.
Las consultas populares son un paso necesario para cualquier empresa minera que desee obtener una licencia medioambiental en Ecuador.
En su decisión, el tribunal dio la razón a la mayor organización indígena del país, la CONAIE, que impugnó el decreto promulgado en mayo. El grupo argumentó que el ejecutivo no consultó a las comunidades locales antes de «imponer» una norma que calificaron de «inconstitucional».
Ecuador se convirtió en 2008 en la primera nación en conceder a la naturaleza derechos protegidos por la Constitución, otorgando también a los ciudadanos el derecho a opinar y defender su entorno.
Si bien las consultas son necesarias antes de que el Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador pueda expedir licencias ambientales para proyectos mineros y petrolíferos, las comunidades indígenas han estado presionando para que se les permita opinar antes sobre si el proyecto debe seguir adelante o no.
Proyectos involucrados
Dos proyectos mineros pudieron beneficiarse del decreto de Lasso antes de la paralización. Uno de ellos fue el proyecto de cobre y oro Curipamba-El Domo de Adventus Mining (TSX-V: ADZN) y Salazar Resources, que alcanzaron un acuerdo preliminar de protección de inversiones (IPA) para el activo en junio.
El proyecto, que aún debe superar otras dos fases, ya ha obtenido la aprobación gubernamental de la evaluación de impacto ambiental y social.
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Una vez construida, Curipamba-El Domo será la tercera mina en explotación considerada clave por el gobierno de Ecuador. Hasta la fecha, los dos únicos activos productivos del país son la mina de cobre Mirador, gestionada por Ecuacorriente, con respaldo chino, y la mina de oro Fruta del Norte, de Lundin Gold.
El activo polimetálico La Plata de Atico Mining, identificado previamente por Lasso como «proyecto estratégico» y «componente del plan de reactivación del país», había avanzado en las últimas semanas gracias al decreto. Sin embargo, las consultas sobre el proyecto llevan varios días suspendidas por motivos de seguridad.
La paralización ordenada por el tribunal traerá inevitables retrasos a los proyectos actualmente en marcha, que quedarán suspendidos hasta que se resuelva el vacío legal.
La minería fue la cuarta fuente de ingresos de Ecuador el año pasado, por detrás de las ventas de petróleo, banano y camarón, aportando 2.800 millones de dólares a las arcas del Estado.
Posibles consecuencias
Según la Cámara de Minería del país, la oposición a las actividades extractivas está bloqueando cerca de 1.000 millones de dólares en inversiones potenciales y 100 proyectos para los próximos dos años.
Una excepción es el proyecto de cobre y oro Cascabel de SolGold, que el mes pasado obtuvo la renovación de su licencia por 25 años.
El referéndum local paralizado en Quito podría desembocar en la prohibición de la minería en el bosque Choco Andino, lo que afectaría a seis concesiones auríferas.
El país sudamericano también podría perder alrededor del 12% de su producción de 480.000 barriles diarios (bpd) de crudo si los votantes aprueban el cierre de una zona clave de la reserva natural megadiversa de Yasuní, en la Amazonia.
