La iniciativa busca combatir la minería ilegal de oro, un problema persistente en el país andino.
El sector minero de Ecuador sigue de cerca la reciente decisión de su presidente Daniel Noboa de reabrir y actualizar el catastro minero del país en un plazo de seis meses.
El decreto ejecutivo, firmado la semana pasada, ordena la inclusión en el registro oficial del país de todos los registros sobre derechos mineros, licencias, permisos de exploración y explotación, así como otras autorizaciones relacionadas, ya sean otorgadas, revocadas o canceladas.
Iniciativa
La iniciativa de Noboa busca combatir la minería ilegal de oro, un problema persistente en el país andino. También se espera que agilice los procesos actuales, ya que los ministerios deben cumplir con el nuevo plazo de seis meses.
También otorga a algunas autoridades, en particular a los ministerios de Medio Ambiente, Energía y Minas, la facultad de identificar actividades de extracción ilegal de recursos mineros en todo el territorio nacional y les otorga la facultad de enlistar a la policía nacional y a las fuerzas armadas en caso necesario.
El decreto define como ilegal toda actividad realizada por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sin títulos, autorizaciones, permisos o licencias. La última vez que Ecuador actualizó su catastro minero fue en 2018.
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Minería ilegal
La minería ilegal se ha extendido por 19 de las 24 provincias del país, con focos en Esmeraldas, Imbabura y Azuay. Las áreas protegidas también se ven afectadas.
Recientes informes de organizaciones internacionales, incluido el Departamento contra el Crimen Organizado Transnacional (DTOC) de los Estados Unidos, han revelado corrupción e irregularidades en el sector minero de Ecuador. Una investigación periodística en particular de Mongabay reveló que se habían otorgado 652 concesiones mineras sin que las empresas siguieran los procedimientos establecidos. También muestra un aumento en las plantas de procesamiento de oro no autorizadas y la violencia.
“Las organizaciones criminales están reinvirtiendo las ganancias del narcotráfico en este lucrativo negocio [del oro ilegal], alimentando una violenta lucha por el control territorial”, dijo Sofía Jarrín en un informe sobre las bandas de oro publicado en septiembre.
“Esta dinámica no sólo intensifica la violencia, la extorsión, el reclutamiento y los asesinatos por encargo, sino que también permite la expansión de otros mercados ilícitos, como el contrabando de mercurio, armas y drogas, empoderando aún más a los grupos criminales que protegen los enclaves mineros”, escribió Jarrín, uno de los autores del informe.
Con las elecciones acercándose en febrero de 2025, Noboa espera posicionar a Ecuador como una jurisdicción minera más segura y regulada.
