De acuerdo al comunicado de la minera, entre los actos violentos registrados destacan la quema de la estación de bombeo que provee de agua a más de 2000 pobladores de la comunidad de Tintaya-Maquiri y otros sectores que se verán privados del recurso durante un lapso aún por determinar; la quema de cientos de hectáreas de pastizales que alimentan al ganado de la zona y significan un grave atentado ambiental; así como la avería del sistema que monitorea la estabilidad de la presa relaves de Camacmayo.
“Condenamos y rechazamos el empleo de la violencia como recurso para dirimir diferencias. Hacemos un llamado al cese de este tipo de conductas para retomar el camino del diálogo en favor de la provincia de Espinar”, dijo Antapaccay en un comunicado.
Recordemos que, desde el inicio de la reunión, la representante de la PCM advirtió la imposibilidad de continuar el diálogo mientras se desarrollaban actos vandálicos y conminó a las autoridades políticas y líderes sociales a hacer llamados a la calma.
Estas lo hicieron, pero con tibieza, y más bien responsabilizaron a la empresa por cualquier acto de violencia.
Conforme pasaban las horas la situación se fue agravando y pasadas las 13:30 horas, Paola Bustamante dio por terminada la reunión señalando que “nada justifica la violencia”.
“El primer afectado por la violencia es el propio pueblo de Espinar”, señaló Paola Bustamante, comisionada de la PCM.
Luego de la suspensión del diálogo, las fuerzas del orden lograron despejar la zona y tomar el control completo en el centro poblado Tintaya Marquiri entre las 16:00 y 17:00 horas; sin embargo, se registraron nuevas protestas al promediar las 19:20 horas en Yauri, capital de Espinar.
Sin consenso
Los ciudadanos de Espinar exigen a la empresa minera Glencore -Antapaccay una transferencia por S/50 millones, para que se cumpla con la entrega de un bono extraordinario de S/1.000 a cada adulto elector de la provincia, para mitigar la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19.
El dinero solicitado proviene de los fondos del Convenio Marco, la cual es un acuerdo firmado entre la municipalidad de Espinar y Glencore-Antapaccay para la entrega del 3% de las utilidades anuales. Este dinero debe ser invertido en proyectos de salud, educación, afianzamiento hídrico, seguridad alimentaria, entre otros.
Ante dichas demandas, la empresa minera Antapaccay, manifestó que si bien coincide en la necesidad de medidas especiales para reactivar la economía de las familias de Espinar, considera que la propuesta no atiende adecuadamente las necesidades de la población más vulnerable.
Voceros de la compañía indicaron que el proyecto no es un mecanismo asistencial y que la propuesta de su Comité de Gestión es entregar los S/1.000 a cada elector de la provincia, sin ninguna clase de consideración adicional (residencia, condición socioeconómica, etc.) más que estar habilitado para votar.
Según dijeron, también se han propuesto alternativas para mitigar el impacto del COVID-19 en la economía de las familias locales a través de proyectos de infraestructura, la entrega de microcréditos sin intereses a las MYPES locales, la asistencia alimentaria directa a la población vulnerable, entre otros, sin embargo, a la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo de ninguna parte.
*foto referencial
(BQO)
