La disposición facultaba a la Policía Nacional a actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos por personas con inscripción suspendida en el Reinfo.
El pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que deroga el Decreto Legislativo 1607, el cual establecía un freno a la minería ilegal y buscaba fortalecer el proceso de formalización. Con 78 votos a favor en primera y segunda votación, el Legislativo ha dispuesto derogar la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607 del Ejecutivo.
La disposición, ahora derogada, facultaba a la Policía Nacional a tomar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos en actividades mineras ejecutadas por personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
“Las personas que se encuentran en el supuesto antes mencionado, dejan de formar parte del REINFO de forma automática con la comunicación que efectúa la Policía Nacional de Perú al Ministerio de Energía y Minas acreditada con las actas o documentos de sustento”, sostenía la disposición que hoy ha derogado el Legislativo.
Además, la disposición también daba un plazo de 90 días a todos los mineros informales para acreditar el permiso del titular de la concesión minera.
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Debate
Cabe mencionar que, para lograr la derogatoria de dicha disposición, fueron nueve de once las bancadas que firmaron un acta virtual que permitió la exoneración de dictamen en comisión y la inmediata discusión en el pleno.
Durante la etapa de debate, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Segundo Quiroz, sostuvo que la disposición del Decreto Legislativo “era una medida inconveniente para atender la compleja problemática de formalizar a la pequeña minería y la minería artesanal”.
“El Congreso no confirió facultades al Poder Ejecutivo para penalizar actividades vinculadas a la minería. Además, el plazo de vigencia del proceso de formalización minera culmina el 31 de diciembre del 2024. […] Asimismo, de los 87.146 mineros inscritos en el Reinfo, solo el 21% tiene inscripción vigente y el 79% restante tiene sus inscripciones suspendidas. ”, afirmó.
El parlamentario también dijo que la decisión era ”necesaria de atender dada la solicitud hechas por las movilizaciones a nivel nacional de los mineros en proceso de formalización, que reclaman al Congreso de la República corregir la medida del Ejecutivo”.
“Diversos expertos han coincidido que tanto el Ejecutivo como el Congreso deberían tomar acciones para frenar el avance de la minería ilegal. “Los partidos deben estar alerta sobre los intentos de flexibilizar el marco normativo, conociendo quiénes son los representantes de la minería ilegal dentro del Congreso”, dijo al diario El Comercio, César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental.
“Deberían aprobar una ley que incluya el transporte de minerales dentro del delito de minería ilegal, para dejar zanjada cualquier interpretación que limita el accionar de los operadores de justicia”, añadió.
