Liendo alertó que «este proceso de instalación y consolidación del crimen va a encontrar su punto final en las próximas elecciones».
Ante la creciente ola de criminalidad que se ha desatado en el país y que se viene incrementando en el sector minero, Juan Carlos Liendo, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y analista político, sugirió que las compañías del sector deben trabajar con el Estado en una política de seguridad nacional.
«La solución tiene que recoger la gravedad del problema. Las empresas mineras tienen que articularse con el Estado en una política de seguridad nacional, no como un conflicto social local focalizado», dijo en entrevista exclusiva con Rumbo Minero.
Lamentó que «hemos tenido que llegar a este punto, pero todavía estamos a tiempo porque los criminales instalados están en proceso de consolidación».
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El ex jefe de la DINI indicó que «mientras se alertaba del proceso, no se hizo nada, y lo que se hizo, falló»; así «el crimen ya se instaló y está en proceso de consolidarse».
Recordó el caso de Colombia, donde había una batalla entre grupos criminales y la cantidad de muertos y caos obligó al gobierno a declarar la emergencia nacional. Los opositores, «también con razón», al gobierno colombiano le cuestionaron que había dejado pasar ello para generar la situación caótica y tomar medidas extremas a costa del miedo de la población.
«En el Perú se está replicando la misma película con particularidades y vemos el caso de Pataz. El crimen ya ocupó el lugar que está dejando el poder político. Como hay ausencia de poder político, ese lo ha ocupado el crimen», afirmó.
Mencionó que ya está consolidada la presencia del crimen en el norte del Perú, con respecto a la minería ilegal, en Amazonas, en la cordillera del Cóndor, en Pataz, en Puno con La Rinconada, y en Madre de Dios.
Criminalidad y política
Liendo aseguró que este proceso de consolidación del crimen tiene un objetivo, más allá del económico, que es político. Así, «este proceso de instalación y consolidación va a encontrar su punto final en las elecciones, cuando el proceso electoral sea reflejo del poder del crimen organizado que tiene un fusil sobre los mineros informales».
«Ante la ausencia del Estado, va a alcanzar objetivos políticos. El proceso electoral va a ser un caos», enfatizó.
El analista recordó que, sobre áreas críticas de la minería peruana, en las campañas electorales, «absolutamente todas las autoridades políticas, gobiernos locales y regionales, son de izquierda y todas ganan con un discurso antiminero».
Agregó que «como era lógico, había conflictos; el empresariado minero lo tomaba como parte del gasto y así estructuraba su visión de seguridad. Eso ha cambiado porque esas autoridades políticas hoy están sujetas por la economía ilegal, que está sujeta, a su vez, al crimen».
«Si antes la empresa minera tenía que negociar con la comunidad, ahora ¿se puede negociar con criminales? No, no hay forma. Entonces, el gran cambio en el proceso electoral es que va a ser sangriento por el control que está tomando el crimen sobre la minería ilegal», concluyó.
